La aprobación del presupuesto quinquenal fue uno de los hitos de este 2025 para la administración de Yamandú Orsi. El oficialismo debió negociar, principalmente con Cabildo Abierto, para lograr los dos votos que le faltaban en la Cámara de Diputados, lo que se tradujo que algunas de las iniciativas que promovía no pudieran salir adelante.
Pero la mayoría de las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo vieron la luz, no sin polémica, por lo que el proyecto con 717 artículos fue aprobado y recientemente promulgado.
En su tercer artículo, el texto establece que la ley regirá a partir del 1º de enero de 2026 excepto en aquellas disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.
Cambios tributarios y fiscales
Uno de los capítulos más relevantes es el tributario. El presupuesto incorpora la imposición de IVA a las compras realizadas en el exterior y modifica el monto máximo de lo que se puede comprar, pasando de tres franquicias por US$ 200 cada una a US$ 800 que pueden dividirse en hasta tres envíos.
Además, se introduce el IRPF para los incrementos patrimoniales en el exterior, ampliando el alcance del impuesto a las personas físicas, y el IRNR sobre los dividendos distribuidos por sociedades uruguayas hacia el exterior, con el objetivo de reforzar la recaudación sobre rentas que hoy no tributaban o lo hacían parcialmente.
En línea con los estándares internacionales de tributación corporativa, también se crea el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), que busca que las grandes empresas tributen este impuesto en Uruguay.
Refuerzo de las políticas sociales y educativas
El presupuesto 2026 pone énfasis en la infancia y la educación. Entre las principales medidas se destaca la duplicación de las transferencias destinadas a niños de los sectores más vulnerables, así como la ampliación de las becas educativas.
A esto se suma la creación de un bono escolar de $ 2.500 que será entregado a los escolares para el inicio de clases, con el objetivo de aliviar los costos que enfrentan las familias al comienzo del año lectivo.
Nuevas agencias, secretarías y programas
La ley también crea una serie de nuevas instituciones y programas. Entre ellos se encuentra la Agencia de Transporte Metropolitano, destinada a coordinar y planificar el sistema de transporte en el área metropolitana.
En el plano institucional, se establece en Presidencia la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, que tendrá como función centralizar y fortalecer la defensa jurídica del país.
En materia de innovación y conocimiento, se crea el Programa Uruguay Innova, con el cometido de coordinar y articular el ecosistema de innovación en todo el territorio nacional. Este esfuerzo se complementa con la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento y un Consejo Asesor Científico Honorario, que asesorará al Poder Ejecutivo en temas científico-tecnológicos.
Más control parlamentario
Otro aspecto relevante es el fortalecimiento del rol del Parlamento. La norma establece que la Presidencia de la República y todas sus reparticiones deberán proporcionar los datos e informes que soliciten los legisladores, reforzando los mecanismos de control y acceso a la información.
En el área de Defensa, se crea el Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las Fronteras (CCUSF), orientado a mejorar la coordinación entre organismos en zonas fronterizas.
Asimismo, se autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a colaborar con la campaña de combate a la cotorra de campo (Myiopsitta monachus), una especie considerada plaga en varias zonas del país.
En materia de seguridad interna, el Presupuesto prevé la creación de 500 cargos de operador penitenciario, con el objetivo de fortalecer el sistema carcelario.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, queda autorizado a aplicar multas por infracciones de tránsito, como el cruce de semáforos en forma no autorizada y los adelantamientos en zonas prohibidas.
Finalmente, se incorpora el Programa de Desarrollo Territorial – Espacios MEC, orientado a fortalecer la presencia cultural y educativa del Estado en el interior del país.
También se crea la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay, que regulará los productos sanitarios que se comercialicen en el país, garantizando su calidad, seguridad, eficacia, control y trazabilidad, en tiempo y forma eficiente, facilitando su mayor acceso a la población.
