Los delitos imputados fueron asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación, según detalló Fiscalía
Fiscalía avanza en la investigación del atentado contra la fiscal de Corte
Foto: Leonardo Carreño.La fiscal de Estupefacientes, Angelita Romano, formalizó la investigación e imputó a uno de los detenidos por el atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero, ocurrido el pasado domingo en su casa del barrio Jacinto Vera.
El vocero de la Fiscalía, Javier Benech, confirmó pasadas las 13 horas que se formalizó la investigación con respecto al hombre detenido y los delitos imputados fueron asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.
Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 28 de marzo, al tiempo que la mujer recuperó su libertad.
"La mujer recuperó la libertad porque en principio no había elementos como para iniciar una persecución penal con respecto a ella, pero el hombre sí fue imputado por estos delitos y ahora obviamente la investigación se va a profundizar en busca de más responsables", dijo el funcionario en declaraciones a Telemundo (Canal 12).
Uno de los argumentos que se manejaron para la prisión preventiva fue "la posibilidad de perjudicar o influir sobre la investigación de alguna manera", agregó el vocero.
La audiencia de este martes fue de carácter reservado, como parte de la estrategia de la Fiscalía para evitar que los detenidos revelen información que pueda comprometer el desarrollo de la investigación y llevar a la identificación de los autores materiales o intelectuales del ataque.
El atentado, que tuvo lugar en la madrugada del domingo, escaló rápidamente a la agenda política, con el presidente Yamandú Orsi convocando a diversas autoridades para tratar el tema en la Torre Ejecutiva. Por la tarde, también se reunieron los líderes de los partidos con representación parlamentaria, para mostrar un respaldo unánime contra el narcotráfico; el diputado Gustavo Salle fue el único en no asistir.
Las autoridades sospechan que el ataque fue orquestado por Luis Fernández Albín, un narcotraficante vinculado al comercio internacional de drogas y al ataque a la sede del Instituto de Rehabilitación (INR) en diciembre. Investigaciones previas han establecido posibles vínculos con Sebastián Marset, implicado en otros incidentes violentos. La policía sigue investigando si el explosivo utilizado en el atentado tiene el mismo origen que el empleado en el ataque a la Brigada Antidrogas en 2020.
El Ministerio del Interior sigue adelante con los análisis de celulares incautados, tanto en viviendas como en cárceles, mientras las autoridades mantienen la cautela en su comunicación, bajo la premisa de que el caso ha cruzado una línea peligrosa. Además, el presidente Orsi subrayó la importancia de actuar con discreción y anunció que se activarán respuestas concretas en aquellos barrios vinculados con el atentado.
El atentado también generó un debate sobre la creación de una nueva fiscalía de Estupefacientes, propuesta que cuenta con el respaldo de ambos, gobierno y oposición, aunque existen discrepancias sobre el proyecto de Ley de Lavado de Activos.
En cuanto al futuro de Mónica Ferrero, algunos opositores sugirieron ratificarla como fiscal de Corte, un punto que, según el gobierno, se debe abordar más adelante. Mientras tanto, se reforzó su seguridad personal, y se revisará el protocolo de protección tras el incidente.