Erwin Parentini Flores, conocido como el Coco y líder de la barra brava de Peñarol, ordenó desde la cárcel mediante comunicaciones vía celular matar a un hincha de Nacional el domingo 15, y el objetivo se cumplió. Un teléfono móvil también usó el delincuente Anthony Martín Rodríguez Silvera, alias Pato Feo, un asesino que coordinó su propio rescate desde su celda cuando el 3 de setiembre de 2017 fue trasladado al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) y otros delincuentes lo ayudaron a escaparse del centro médico.
La banda más poderosa de Brasil, el Primer Comando de la Capital, ya tiene cooptados a 84 delincuentes uruguayos, muchos de los cuales están en prisión, dijeron a El Observador fuentes policiales. Luis Betito Suárez, preso hasta el año pasado, también se ha valido de celulares. En 2012, El Observador informó que luego de que el recluso se comunicara con un canal para desligarse de una acusación, las autoridades le quitaron el dispositivo, y luego se lo volvieron a dar.
El uso de celulares dentro de las cárceles es una práctica extendida, aunque en algunas unidades de máxima seguridad –como el Comcar y el penal de Libertad– está prohibido. "Ingresan por diversas vías. Pueden hacerlo evadiendo los controles cuando los internos reciben visitas o también de la mano de hechos de corrupción", admitió a El Observador la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche.
Entre 2015 y 2019, dijo la jerarca, en requisas realizadas en las celdas todas las semanas, las autoridades incautaron 4.818 celulares –y hoy hay 11.546 reclusos–. Sin embargo, Juanche –a cargo del INR desde fines de junio de este año– no precisó si ese número fue aumentando durante el período medido.
La regulación del uso del celular en las cárceles es una discusión que lleva varios años y que, según dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, es algo que ha sido objeto de debate no solo en Uruguay, sino "en el mundo". "Y en el mundo yo creo que no lo han resuelto”, sostuvo este lunes en entrevista con Radio Sarandí.
La fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero –quien lidera las investigaciones de narcotráfico más importantes de los últimos años–, dijo a El Observador que “el celular en la cárcel genera corrupción” y que lo único que deberían permitir las autoridades es que haya teléfonos tarjeteros.
“Hubo dos organizaciones internacionales de narcotráfico que coordinaron ingresos de droga desde la cárcel”, puso la fiscal de ejemplo, y agregó que los dispositivos también permiten que los presos recurran a la extorsión.
“Se pide dinero a los familiares de los presos para que no les causen daño a la integridad física de los reclusos”, sostuvo, y se refirió luego al mercado negro de los celulares. “Lo que es peor es que adentro los que tienen un celular lo alquilan para hacer llamadas; los venden y es hasta motivo de reyerta... Es mejor que tengan teléfonos tarjeteros”, insistió.
Camilo Dos Santos
Mientras, el anterior director del INR, Alberto Gadea –que dejó el cargo luego de que se fugaran cuatro presos de la Cárcel Central, entre los que estaba el mafioso italiano Rocco Morabito– llegó a proponer a comienzos de este año que se liberalizara el uso del celular en todo el sistema carcelario.
"Los celulares están prohibidos, pero estamos en discusión de si esa es una medida que debe mantenerse", sostuvo el 4 de febrero en conferencia de prensa. Y lo justificaba de esta manera: "El celular permite a su vez, más allá de sacar información y cosas que pasan, que el privado de libertad se comunique con su familia, por lo tanto hay que analizar hasta dónde es bueno o malo utilizar el celular".
En algunas cárceles del interior de menor seguridad el uso de los teléfonos está permitido pero bajo la restricción de que no tengan cámaras de fotos ni internet, y que solo puedan ser usados para realizar y recibir llamadas y mensajes de texto, agregó la directora Juanche.
Según Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles, eso no supone un riesgo, porque desde esas unidades no parten órdenes de delincuentes, como es habitual en las otras. "Los problemas se han generado en lugares de máxima seguridad, donde además la cantidad de funcionarios es poca, las actividades de los reclusos también, y el clima está enrarecido", evaluó.
De todos modos, no solo los líderes de bandas violentas utilizan estos dispositivos para seguir delinquiendo. Hay casos también de reclusos que arman sus propias estafas desde la celda. A fines de diciembre del año pasado, por ejemplo, la Justicia de Young (Río Negro) condenó a un preso de la Cárcel de las Rosas que empleaba varios celulares con los que engañaba y amenazaba sus víctimas haciéndose pasar por una mujer joven dispuesta a mantener una conversación erótica con sus víctimas. Luego les decía que era una adolescente, y ahí extorsionaba a las víctimas simulando ser un comisario que pedía que compraran su silencio.
En febrero de este año un recluso de la cárcel de Santiago Vázquez (Comcar) fue condenado por una estafa en la que se hacía pasar por un funcionario de Aduanas que vendía mercadería incautada a bajos precios y que nunca entregaba. Desde la celda, llamaba a comerciantes que caían en su engaño y les daba indicaciones precisas sobre en qué redes de cobranza depositar el dinero.
La conveniencia
Bonomi se refirió este lunes a la posibilidad de obtener información mediante los celulares de los presos y citó argumentos utilizadas durante una interpelación del 15 de febrero 2017, luego del clásico del 27 de noviembre de 2016. Ese encuentro fue suspendido tras disturbios ocasionados por la barra de Peñarol y recordado por la garrafa que fue tirada desde lo alto de la tribuna Ámsterdam.
"En la interpelación manejamos grabaciones de cosas que se decían desde la cárcel y el debate es ese: ¿qué se hace con el celular? ¿Se prohíbe o se lo deja y se lo utiliza como elemento de información?".
Gonzalo Larrosa, director del INR entre mayo del 2017 y noviembre del 2018, también entendía que la prohibición del celular no era una medida conveniente ya que, entre otras consecuencias, generaba un mercado clandestino difícil de erradicar. En entrevista con El Observador en junio del 2017, entonces denunciaba: "Yo estoy en contra de la prohibición de los celulares en la cárcel. Eso crea un mercado negro ¿Si la comunicación no está prohibida, por qué prohibir los celulares? Sin embargo nos empecinamos en no reconocer una realidad del sistema. Tenemos funcionarios que venden celulares a los presos, tenemos presos para quienes el celular es un medio de soborno".
En línea con Bonomi y los directores anteriores, Juanche dijo que hay países, como Canadá "y varios anglosajones" que permiten que los internos tengan estos dispositivos. "Ellos liberan el uso, y lo fiscalizan con tecnologías de comunicación", aseguró.
Inhibidores
Bonomi también informó que en el úlitmo tiempo las autoridades enfrentaron un problema que consideró de difícil solución acerca de la limitación del uso de dispositivos móviles en las cárceles.
"Nosotros pusimos inhibidores de celulares, ¿y sabe por qué no funcionó? Porque las telefónicas aumentaron la señal. El inhibidor está calculado para una señal, se compra sobre esa base, se colocó, pero las telefónicas compraron y aumentaron la señal y se comunican a través de esa telefónica y rompieron el tema. Uno no puede decidir administrativamente porque no van a poner por delante a las personas privadas de libertad, van a poner por delante a los vecinos”, dijo en la entrevista con Radio Sarandí.
