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Chile y el plebiscito: “Hay garantías de que la nueva Constitución no sea una revancha”

Cuarenta años después, los chilenos responden una pregunta crucial: si desean continuar o no con la Constitución pomulgada por el dictador militar Augusto Pinochet 

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24 de octubre de 2020 a las 05:02

Un año y una semana después del estallido social en Chile en octubre de 2019  —que de repente devolvió a ese país al confictitivo y áspero escenario latinoamericano— , los chilenos concurren este domingo a las urnas con la opción de quitarse quizás el último amarre del período pinochetista: la Carta Magna aprobada en agosto de 1980 y promulgada en octubre de aquel año. Un instumento legal que no impidió, sin embargo, que este país sudamericano se exhibiera como un modelo de la ruta a seguir por estos predios, como argumentan los que se oponen al cambio constitucional.

Hugo Tórtora Aravena, abogado, master en derecho constitucional y doctor en derecho, profesor de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, aboga por el cambio pero es capaz, como se lee en la conversación que sigue, de reconocer avances en la Constitución del 80, producto de las reformas a las que ha sido sometida, y de advertir también las reglas de procedimiento que lleven a producir un nevo texto constitucional “razonable, sobrio y democrático”.

Como lo hicieron antes otras naciones de la región, Chile puede adentrarse en un proceso constituyente –el “apruebo” parece tener un amplio respaldo, aunque no hay sondeos de la semana previa a las votaciones– cuyo final se produciría dentro de dos años.

Los chilenos responderán dos preguntas en el plebiscito: si quieren cambiar la Constitución y cuál va ser el órgano para redactar el nuevo texto: una convención mixta entre miembros designados por el Congreso y una cantidad similar electa por el pueblo, o una convención constitucional con todos su miembros electos por votación popular.

Si gana el "apruebo", en abril de 2021 se eligirán los miembros de una u otra convención, que se instalaría en junio  y dispondría de nueve meses, prorrogables por tres más para redactar la nueva Constitución, la cual 60 días después sería votada en otro plebiscito. 

"Será la ciudadanía la que va a decidir si está de acuerdo o no con el texto que se le ofrece", destaca Hugo Tórtora Aravena para marcar una diferencia sustancial con la Constitución vigente, que aunque fue varias veces reformada tiene un "origen espúreo".

¿Chile tiene que cambiar su Constitución?

—La Constitución chilena tiene un origen ilegítimo que nace en la dictadura militar de Augusto Pinochet, que además fue redactada por una comisión nombrada por la Junta Militar y se aprueba en un plebiscito ilegítimo. Y es ilegítimo ese plebiscito porque se desarrolla en un contexto donde no existía libertad de expresión, no había partidos políticos, ni un registro electoral. Pero no solo hay un problema de origen. Su contenido jamás ha sido validado por la ciudadanía. Tiene contenidos que impiden el  ejercicio de una democracia plena y también la satisfacción de los derechos sociales de la población, lo que ha generado desigualdad e injusticia social en nuestra sociedad.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) se hizo, sin embargo, la mayor reforma de esa Constitución, que modificó 58 artículos, y Lagos dijo “hoy despierta la primavera", ¿no se legitimó entonces esa Constitución?

Para que haya una nueva Constitución tiene que operar el poder constituyente, que reside en la ciudadania. Lo que se hizo en el año 2005 fue una reforma muy importante pero que no fue producto del ejercicio del poder constituyente. Muchas normas de la Constitución de 1980 se mantuvieron. Y, además, dos cosas: una, la alegría de Lagos se explica porque a pesar de los  amarres que había generado la Constitucion del 80 —entre ellos la presencia de senadores designados por la dictadura que estaban presentes en el parlamento, un quórum de dos tercios de parlamentarios en ejercicio para poder realizar los cambios y un sistema binominal de elección, que significa que las fuerzas políticas quedaban empatadas en el Congreso a pesar de que había una diferencia importante—, a pesar de esos amarres, reitero, se conquista una reforma importante. Se entiende en ese sentido todo el júbilo del expresidentre Lagos y por eso estas declaraciones, digamos, tan generosas en cuanto a la profundidad del cambio. Lo  segundo, es que suele decirse que esta es la Constitución de Lagos porque lleva efectivamente la firma de Ricardo Lagos, pero lo que lleva su firma es el texto coordinado y sistematizado de la Constitución. Y eso no es otra cosa que ordenar sus artículos, que estaban desordenados producto de las continuas reformas de la Constitución del 80. Lo único que hace el expresidente es emitir un texto donde la numeración es continua, donde no hay artículos derogados y ese texto final es el que lleva la firma del presidente Lagos, pero no es obra de su mandato.

¿De esa Constitución de 1980 vigente, hay algo que rescatar?

La Constitución del 80, con todos sus defectos, introdujo algunos elementos que son interesantes. Por ejemplo, el establecimiento del recurso de protección, que  equivale al recurso de amparo, lo que permite accionar ante los tribunales de justicia cuando ocurren vulneraciones de los derechos fundamentales. También es importante que establece que los derechos humanos son obligantes del Estado, lo cual curiosamente la propia dictadura no cumplió con ese mandato. Algunos derechos también se incorporaron por primera vez en la Constitución del 80, como por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación o incluso el derecho a la vida no estaba presente en las constituciones anteriores. De manera que hay algunas cosas que naturalmente tienen que mantenerse, no obstante que el cambio sea importante en el nuevo texto.

¿Cuál es, en su opinión, el corazón del cambio constitucional que se busca? ¿Qué es lo que hay que modificar de raíz?

Yo señalaría cuatro elementos, aunque hay muchos más. En primer lugar, remodelar el sistema de Estado, pasar de un Estado subsidiario que ha dejado la satisfacción de los derechos sociales en manos de los privados y que se articula a través del mercado y cambiar hacia un estado social de derecho, con mayor preocupación por los derechos sociales; lo segundo, es un modelo más democrático que incentive la participación ciudadana en el sistema político. Hoy día tenemos un sistema representativo donde las decisiones quedan en manos de la élite; en tercer lugar, reconocer a los pueblos originarios. Chile tiene una importante tasa de comunidad indígena que no está reconocida en la Constitución; y, en cuarto lugar, pondría de relieve las voces de las mujeres, que en Chile han sido muy importantes en el impulso de la nueva Constitución. Ellas conquistaron que la Convención Constitucional, si es la opción que gana, sea paritaria, con lo cual será la primera constitución del mundo que podría ser redactada por igual número de hombres y mujeres. 

Desde afuera se ha visto a Chile como una sociedad que ha avanzado mucho en el contexto latinoamericano y dificulta comprender la magnitud de su crisis y los sectores que promueven el rechazo al cambio constitucional advierten que esa nueva Constitución no resolverá los problemas

Es verdad que las constituciones no generan un cierto cambio automático y son incapaces de modificar diametralmente un país. Sin embargo, se espera que la próxima Constitución, al reforzar la satisfacción de los derechos sociales, permita efectivamente que la ciudadanía no quede excluida. Pensar, por ejemplo, en un verdadero derecho a la salud. En Chile este derecho solo está diseñado como una libertad para acceder a un tratamiento médico pero no está consagrado como un derecho social, entendido como un derecho prestacional, y lo mismo ocurre con el derecho a la educación. Tampoco son derechos que pueden ser justiciables ante los tribunales de justicia. Por lo tanto, si el Estado niega estos derechos no hay dónde reclamar. El cambio puede ser importante al establecer, además, un rol del Estado mucho más activo para generar condiciones de igualdad material. Chile es considerado habitualmente un país modelo económicamente y los números generales - y eso no se puede negar— son bastante buenos, pero el problema es que esos números se han conseguido sobre la base de una profundad desigualdad.

¿Hacia dónde llevan a Chile estos cambios? ¿Hay el temor, como en otros países de la región, de que se produzca un relevo de las elites pero sin que esos cambios sean fundamentales en la vida de la gente?

De partida, se hace necesario revisar las constituciones cada cierto tiempo. Nuestra Constitución tiene un origen espúreo pero, además, el proceso constituyente chileno ofrece garantías que van a asegurar que la Constitución sea sobria, democrática, con un enfoque de derechos humanos ¿Cuáles son esas reglas de procedimiento? En primer lugar, que esa Constitución va a nacer dentro de un sistema democrático, no autoritario, no manejado por un dictador, como ha sucedido en otros países; en segundo lugar, cada artículo tendrá que ser aprobado por dos tercios de la convención, lo cual asegura una norma bastante sólida en cuanto a su contenido; y, en tercer lugar, también tendrá que ser aprobada por un plebiscito. Será la ciudadanía la que va a decidir si está de acuerdo o no con el texto que se le ofrece. Todas esas reglas nos van asegurar que la  Constitución sea razonable, sobria, y que no va a representar un afán de revancha de una minoría.

¿Cree que la sociedad chilena, luego del estallido del 18 de octubre de 2019 y todos los conflictos posteriores, se puede reencontrar en este proceso?

La desunión, el conflicto nacional, no nace con el estallido social del año pasado. Lo que hace el estallido es reaccionar frente a la desigualdad, frente a un conflicto que está en nuestro país desde hace mucho tiempo. El lema del movimiento es “que no son 30 pesos (en referencia al aumento de la tarifa del Metro), sino 30 años”. Esta Constitución puede permitir unirnos porque la del 80 nos divide y genera conflicto. Esperamos que nos una en torno a valores comunes, que se ha iniciado a través de un procedimiento democrático como va a ser el plebiscito y va a terminar con otro procedimiento democrático como es el plebiscito de cierre.

Aunque el estallido del 18 de octubre estaba latente, ¿no es preocupante el nivel de violencia que mostró?

Respecto de la violencia, los hechos del 18 de octubre fueron hechos que impactaron a la sociedad entera, efectivamente fueron hechos muy llamativos…

…muy destructivos también, ¿no le parece?

No quiero que aparezca de mi boca la palabra destructivo. Yo diría que fueron hechos que llamaron la atención, que pusieron el foco de atención en este reclamo social y al mismo tiempo la represión policial a partir de las protestas sociales también fue brutal, y hubo muertos y compatriotas que perdieron la vida o la visión porque se les disparó al cuerpo. Fue un conflicto importante.

¿Qué supone, además, que el proceso constitucional ocurra según  trasciende en medio de un deterioro de las instituciones partidistas de gobierno y oposición?

Hay una crisis efectivamente de los partidos políticos y de las instituciones donde están representados los partidos políticos, en el gobierno y en el Congreso. Hay un gran descrédito por los partidos y por las instituciones y eso ha movilizado también la necesidad de que la constitución no sea redactada por el Congreso como en algún momento lo propuso el presidente Sebastián Piñera, sino por un órgano que tenga un  origen más ciudadano, más popular.

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