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Oficialismo avanza en investigadora por caso Carrera con Manini marcando sus matices
Las denuncias contra el senador frenteamplista Charles Carrera son por estas horas uno de los temas centrales en la agenda de la coalición de gobierno, y el oficialismo da pistas de no querer soltar el tema a corto plazo. Por el contrario, en la coalición hay consenso en formar una comisión investigadora que aborde el caso del civil Víctor Hernández, quien quedó en silla de ruedas por una bala perdida que se presume provino de una casa en la que estaba el subcomisario de policía de La Paloma, y la intervención de Carrera en su calidad de director general de Secretaría del ministerio, al habilitar la internación de Hernández en el Hospital Policial y el pago de tickets alimentación durante tres años.
El coordinador de la bancada nacionalista en el Senado, Carlos Camy, procurará reunirse este martes con sus pares de los otros partidos de la coalición para intentar acordar el camino a seguir a nivel parlamentario. Todas las opciones están abiertas y hasta el momento existe solo un convencimiento: cualquier acción que se tome, debe ser compartida y aprobada en forma conjunta por nacionalistas, colorados y cabildantes.
Los blancos analizaron el asunto este lunes en su bancada. Sobre la mesa estuvieron todas las irregularidades que, de una un otra manera, involucran al senador frenteamplista, y en particular la que surgió de la extensa exposición que hizo la semana pasada el Ministerio del Interior ante la comisión de Seguridad y Convivencia. La opción más firme –que sería a su vez la más sencilla reglamentariamente– sería promover una comisión investigadora a nivel parlamentario.
“Hay una conciencia muy clara en cuanto a la gravedad de la situación. Está involucrado nada menos que un senador de la República”, expresó Camy a El Observador. Consultado en rueda de prensa, el senador defendió la intención oficialista de promover acciones parlamentarias, pese que que al tema mantiene abiertas varias causas judiciales. “Son caminos distintos”, argumentó.
En el Partido Colorado plantean que la fórmula a seguir debe ser unánime dentro del oficialismo. Así lo precisó este lunes el coordinador general de Ciudadanos y ministro de Ambiente, Adrián Peña. “En principio”, precisó Peña a El Observador, ese sector apoyará la formación de una comisión investigadora. “Nos interesa que se presente en clave de coalición”, dijo el jerarca.
El centro de la investigación
“Cabildo Abierto votará una comisión investigadora”, adelantó a El Observador el senador Guillermo Domenech. Pero el partido liderado por Guido Manini Ríos marcó la cancha al reclamar que el centro de la investigación debe ser determinar la responsabilidad del Estado en el hecho que derivó en que un civil quedara parapléjico por una herida de bala que, se presume, salió de una dependencia policial.
Esa postura fue la esgrimida desde un principio por Manini, quien este lunes remarcó que "todo lo demás es lateral” y volvió a desmarcarse de las acusaciones directas contra Carrera.
"El tema central es que han pasado diez años del balazo que dejó paralítico a un ciudadano y la investigación no se llevó adelante con la seriedad que debió llevarse adelante. Ese es el tema central. Todo lo demás me parece que es lateral y lleva a desviar la atención al tema central. ¿Por qué no se investigó a fondo?", sostuvo, más allá de abogar por cualquier elemento que aporte "cristalinidad".
“Vamos a ver bien los hechos concretos cómo fueron”, pidió este lunes en conferencia de prensa. Manini sostuvo que “seguramente” existan versiones que defiendan la postura del senador. “Él mismo va a hacernos saber a todos”, agregó.
“Yo soy de los que piensan que no se puede crucificar a alguien por denuncias en seco. Le digo poque a mí me han querido crucificar un par de veces en base a una infamia total, lo han impuesto en la opinión pública incluso, y creo que eso no es bueno”, afirmó el general retirado, quien además planteó que los civiles se pueden atender en el Hospital Militar "si pagan".
Manini insistió en la necesidad de otorgarle a su colega las “garantías necesarias” para esa defensa. La semana pasada el líder de Cabildo le había abierto una “carta de crédito” a Carrera. “No debemos entrar a pegar cuando no tenemos los hechos bien claros. No nos sumamos a la ligera a ningún ataque personal contra nadie”, había dicho el líder cabildante.
En filas cabildantes se trata de entender la motivación que pudo haber tenido Carrera para incurrir en todas las presuntas irregularidades. “Alguna razón tuvo que haber tenido, porque no parece una conducta normal”, reflexionó la semana pasada en el Parlamento el senador Raúl Lozano.
Dos sumarios
Si bien Cabildo pretende conocer si hubo eventuales encubrimientos, al menos a nivel administrativo esa intención tiene pocas chances de progresar. “No hay mucho margen”, señaló a El Observador una alta fuente del Ministerio del Interior al ser consultada sobre la posibilidad de una investigación administrativa en esa línea.
La semana pasada el propio ministro Luis Alberto Heber había cuestionado la forma en que se realizó la investigación del hecho. Hubo una pericia que fue cuestionada y otra que dio una resultado totalmente contrario a la primera.
El subcomisario Marcos Martínez fue objeto de dos investigaciones. Una fue por el faltante de un rifle calibre 22, el mismo que el de la bala que hirió a Víctor Hernández y que nunca apareció. En 2014, dos años después de los hechos, recibió una sanción de 20 días. Luego de apelar, la sanción quedó reducida a diez días.
Heber indicó que Martínez recibió dos meses de suspensión con retención de medio salario por la “fiesta” en la que, se asegura, se “escucharon balazos”.
“No sé cómo se sustanció eso, porque no es la pena máxima que se puede aplicar en base a nuestro ordenamiento sancionatorio”, señaló el ministro. “Tampoco se sustancia por qué causa se le dan los dos meses”.
Más allá de su evaluación, este resultado impide que el funcionario sea sumariado nuevamente por la misma causa.
Sin embargo, en Cabildo se insiste. “Nos da la impresión de que la investigación no fue todo lo exhaustiva que debía ser” precisó Domenech, que consideró fundamental determinar quién efectuó ese misterioso dispero. “Eso es clave”, concluyó.
Lo sucedido esa noche de 2012 se investiga en el Juzgado Penal de 1 Turno de Rocha. La denuncia fue presentada por el propio damnificado, por un presunto delito de “lesiones gravísimas". Allí la víctima asegura que la bala que lo dejó para siempre en una silla de ruedas partió de la casa del entonces subcomisario Martínez.
El presidente Luis Lacalle Pou se expresó este lunes por primera vez sobre el tema. Consultado en rueda de prensa en La Paloma, dijo esperar los resultados de las investigaciones a nivel judicial y ministerial.
“Se podrán imaginar lo que pienso sobre la acción”, señaló. “Lo que está claro es que los gobernantes, igual que los ciudadanos, pero sobre todo los gobernantes, nos tenemos que avenir a la Constitución y a la ley”. Lacalle precisó que esa ley “marca claramente lo que se puede y lo que no se puede”.
