A las 24 horas, las directivas se convirtieron en cambios concretos y palpables de la estrategia policial. El martes al mediodía, el jefe de Canelones, Víctor Trezza, anunció en un comunicado de prensa el lanzamiento de un “mega operativo de alto impacto”, en el que participaron 80 policías en moto, autos y camionetas. Y asistió Larrañaga. Fue una visita que quedó representada por un gesto: el ministro dándole la mano a todos los oficiales.
“Nosotros tenemos que respaldar a la policía, y la policía tiene que también ser respaldada por la población”, dijo el ministro tras ese lanzamiento. “Es lo que nos proponemos llevar adelante, con mucha decisión, con mucha firmeza: acá no se trata de sacar pecho o de bravuconadas, sino de cumplir con la ley y luchar contra la delincuencia que azota y constituye, como dijo el presidente Lacalle, una suerte de emergencia nacional”, agregó el secretario de Estado.
A lo largo de la semana, las grandes operaciones policiales comenzaron a replicarse en otras jefaturas. El miércoles, el ministro también visitó al jefe de Maldonado, Julio Pioli, quien lanzó su operativo de patrullaje en la ciudad de San Carlos. Luego siguieron Rivera, Rocha, Cerro Largo, y este viernes a la tarde fue el turno de la Jefatura de Tacuarembó. Larrañaga no pudo visitar todos los departamentos por razones de agenda, pero el protocolo de los lanzamientos fue en todos los casos similar: policías que, caminando o en vehículo, salen en formación a patrullar las calles, y el aplauso de algunos ciudadanos que se acercan a celebrar la iniciativa del nuevo gobierno.
Para Trezza, el respaldo a la policía es lo que le pidieron el presidente y el ministro, y se expresa en acompañamiento a todos los agentes por parte de los oficiales. “El respaldo ya se notó y lo dijeron los referentes”, afirmó el jerarca en entrevista con el programa En Perspectiva de Radiomundo: “El oficial está en la calle junto con el personal subalterno. El oficial es el que tiene que respaldar porque es el que tiene más capacidad y conocimiento, porque así fue preparado”, añadió.
Para Ruiz, en tanto, el respaldo también lo transmiten los propios jefes con el ejemplo. “Yo estoy acá respaldando esta situación”, dijo desde el Hospital Policial, una hora después de que la funcionaria policial fuera operada.
“Y vengo del lugar del hecho; estuve con el marido en su casa, que es policía y la ayudó a defenderse de la agresión, que se dio justo cuando ella llegaba a la casa”, agregó el jefe de Montevideo.
Ruiz, que estaba por dirigirse a otro “procedimiento policial” en otro barrio, concluyó: “Todo el comando de la Jefatura está ahora en la calle, dando vueltas. Es así todo el tiempo”.
Registro y cédulas
Los nuevos patrullajes que fueron inaugurados como “mega operativos” u “operativos de alto impacto”, cuentan con más personal distribuido en la vía pública, más dinámico, aleatorio y sorpresivo, y con mayor poder de decisión por parte de las autoridades de todas de las jefaturas a la hora de diseñar los circuitos, en comparación a lo que se hacía con la administración del exministro Eduardo Bonomi (2010-2020), según lo afirmaron algunos de los nuevos jerarcas.
Pero además los policías tienen órdenes precisas de detener a personas en las calles, pedirles la cédula, registrarlos y, si el caso lo amerita, cachearlos.
“Estamos pidiendo documentación, claro que sí: según las circunstancias, la hora en que circula la persona, sus actitudes, todo”, dijo a El Observador este jueves Julio Pioli, jefe de Maldonado.
Una nueva actitud que, para Trezza, se resume en un “mensaje” distinto, dirigido tanto a la población como a los propios uniformados.
“Aquel policía que estaba parado en la esquina jugando con el celular, no va más. Ahora están todos con una planilla, identificando personas y vehículos, y así los delincuentes van a ver que están parando gente en todos lados”, aseguró.
“Eso no significa que sea obligatorio pedir cédula, pero sí marcar una presencia disuasiva. Lo que hacemos es reforzar la prevención con la disuasión, al identificar y prever si hay gente que circula con alguna irregularidad, con un vehículo requerido, o con doble matrícula y chapa adulterada. Si el policía está solo parado en la calle, puede prevenir pero no va a disuadir”, agregó.
Los criterios que deben tener los policías para registrar a las personas están definidos en la Ley de Procedimiento Policial y en el Nuevo Código del Proceso Penal (CPP), pero los textos dejan abierto un margen de discrecionalidad.
La primera norma refiere a que solo puede pedirse documentación si es “en el marco de procedimientos que tienen por objeto la detención de personas requeridas por la Justicia competente o fugadas”, y la segunda ley determina que se puede “solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados, como la existencia de un indicio de que esa persona haya cometido o intentado cometer delito, que se dispone a cometerlo, o que puede suministrar información útil para la indagación de un ilícito penal”.
Por aplicar esta medida, la gestión de Larrañaga se enfrentó a la primera polémica en uno de los procedimientos, que quedó registrado en un video que se hizo viral rápidamente en las redes sociales. En una plaza de San José, un grupo de personas, aparentemente desarmadas, fueron registradas por dos uniformados con el apoyo de un agente de Grupo de Respuesta Táctica que apuntó a uno de ellos con una escopeta. Esto motivó que el diputado del Frente Amplio por San José, Nicolás Mesa, pidiera una entrevista al jefe del departamento, Leles Da Silva, para que le explique lo ocurrido.
En el video no se vio que los civiles ofrecieran resistencia, pero Luis Calabria, el director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, informó a radio Sarandí que uno de los malabaristas portaba dos machetes –que son los utilizados para los malabares– y que la escopeta del policía tenía munición no letal.
Un parte policial de la Jefatura detalló que la intervención policial fue para detener una riña entre los propios detenidos, y que el accionar del policía armado con una escopeta respondió a “una actitud desafiante y amenazante” de uno de ellos. Ante la prensa, Da Silva dijo que él había ordenado que esas personas se fueran de la plaza.
Esta primera semana también culminó con la intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Juan Faroppa, uno de sus directores, afirmó que el organismo recibió seis denuncias por presuntas irregularidades en los procedimientos policiales.
Patrullaje dinámico
Entre los cambios, también se
modificó el Programa de Alta Dedicación Operativo (PADO). Ahora, las Jefaturas pueden decidir por dónde deben patrullar los policías que trabajan en este programa. Antes, el patrullaje se establecía en función de los “mapas de calor” que elaboraba el Centro de Comando Unificado en Montevideo; ahora, esa información se tiene en cuenta, aunque se prioriza lo que saben los jefes y comisarios locales acerca de dónde pueden ocurrir delitos.
