La fiscalía de Delitos Económicos confirmó un dato que había sido denunciado por los propios damnificados y es que el 25 de mayo, cinco días después de que Alejandro Berrutti le informó a los inversores que no podía pagarle las rentabilidades que les debía, vendió una casa por US$ 700 mil y el 2 de junio realizó una transferencia al extranjero por US$ 200 mil, según se afirmó en la audiencia de este martes que se retomará el jueves.
Esa transferencia fue informada a la fiscalía por la Secretaría Antilavado y la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, luego de que la fiscalía emitiera una alerta plateada por medio de Interpol en busca de bienes y cuentas en el exterior tanto a nombre de Berrutti como de allegados.
En la audiencia, el fiscal Federico Majó, integrante del equipo del fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez, informó que luego de esa venta de US$ 700 mil, entre el 30 de mayo y el 4 de junio aproximadamente, "existen retiros de US$ 130 mil en efectivo y otros US$130 mil en cheques". El fiscal dijo que la base de operaciones del grupo Berrutti estaba en la calle de Mantua, en Carrasco.
Majó relató también que en una entrevista que se publicó en octubre en la revista Forbes Uruguay, el propio Berrutti mencionó que la empresa tenía oficinas en Brasil, Argentina, Perú y Dinamarca, en relación a las facilidades para movilizar fondos.
El fiscal agregó que tramitan 103 denuncias de inversores por apropiación indebida, estafa y lavado de activos y adelantó que pediría medidas limitativas por el plazo de 180 días. Esas medidas son fijar domicilio y no modificarlo, así como la prohibición de salir del país sin autorización previa y entregar el pasaporte.
Además, la justicia mantiene un embargo contra Berrutti y contra su esposa María José Argenti por US$ 4 millones.
Al igual que en otras de los llamados "fondos ganaderos" los denunciantes sostuvieron que el sustento del negocio, no era el productivo sino que la renta que se les pagaba, de entre el 6% y el 9% era de los nuevos aportes de capital con los que se iban abonando las rentas del ya existente, "tratándose presuntamente de un esquema ponzi", afirmó el fiscal.
El planteo de la defensa que prorrogó la audiencia
La defensa de Berrutti y Argenti, los penalistas Gonzalo Fernández y Marcelo Dominguez, platearon en la audiencia que "se iban a oponer al pedido del Ministerio Público por razones puramente formales".
Dominguez dijo que el fiscal Majó solicitó tres medidas cautelares, pero la ley determina como requisito que la defensa haya tenido "el control y conocimiento de la carpeta investigativa" y eso no ocurrió ya que la invstigación estaba reservada. Ante esa situación, fiscalía pidió levantar la reserva para que la defensa pueda acceder este miércoles y el jueves se retomará la audiencia en la que se fijarán las medidas.
