Experto en tráfico de armas de la OEA: "Es muy fuerte la evidencia que nos muestra que el mercado legal abastece al mercado ilegal"

Se firmó este convenio de cooperación por el tráfico de armas que se ha dicho desde el Ministerio del Interior que es inédito ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se va a trabajar?

La OEA y buena parte de la comunidad internacional que trabaja en la región, en las Américas y en el Caribe, somos parte del esfuerzo del gobierno de Uruguay para apoyar la constitución del Plan de Seguridad Nacional. Ya somos parte de las reuniones, brindando apoyo técnico en lo que se necesite. Pero en este acuerdo oficial estamos justamente anclando un poco más nuestras capacidades técnicas como organismo internacional junto al BID, que nos está financiando, y propiciando la oportunidad de tener un diagnóstico en materia de políticas de control de armas, que fue una de las prioridades del gobierno de Uruguay para empezar el plan. Lo que está haciendo, y eso sí, es inédito, es con este trabajo conjunto entre los organismos del sistema interamericano, es traer a niveles más operativos este apoyo que ya estaba existiendo de manera más política, por así decirlo.

Y lo operativo, ¿quiere decir que ustedes van a trabajar aquí, para ayudar a Uruguay a hacer ese diagnóstico?

Sí, ya empezamos. El día de ayer empezamos con una reunión de trabajo liderada por el Ministerio del Interior, pero también con participación de Defensa, Aduanas, Registros, para avanzar con la construcción de un diagnóstico. Este diagnóstico va a permitir a Uruguay saber su actual situación, el estatus de cómo están las capacidades del Estado en controlar y combatir el tráfico de armas de fuego. Obviamente nuestra mirada tiene un aspecto internacional, entonces estamos hablando de crimen organizado internacional, tráfico internacional de armas, pero también es una buena oportunidad para el propio país entender sus capacidades, sus posibilidades de coordinación interna, el trabajo entre agencias. Es una gran oportunidad también de recibir un diagnóstico al respecto de su eficiencia.

Aquí hay más o menos 650.000, 700 .000 armas ilegales, pero el problema son las ilegales, que no está claro cuántas son. En un momento se decía que era más o menos la misma cantidad. ¿Hay una cifra que se haya manejado?

Aún no, y por eso tenemos esta preocupación en hacer un diagnóstico antes de salir diciendo cosas o llegar a conclusiones. La idea también, y eso es importante dejar claro, es que la mirada internacional involucrada en este programa no es restringir, adoptar o sugerir al país que adopte medidas A, B o C, más restrictivas o menos restrictivas, pero claramente estamos hablando de los efectos de la violencia armada en la sociedad y tiene que concluir en una política pública que va a reformular o mínimamente dar la atención debida al problema. Existe un problema de violencia armada en Uruguay que está conectado muchas veces al crimen organizado internacional, a la cuestión de bandas locales. Hay toda una nueva dinámica que no solo afecta a Uruguay, también a la región, y el objetivo es justamente trabajar las capacidades de un país y mejorar su institucionalidad de respuestas a este problema. En nuestra experiencia, las armas nacen legales 99 % de las veces y se desvían al mercado ilegal en algún momento de su ciclo de vida. No estamos diciendo que Uruguay tiene armas en las manos de criminales que salieron de armas que fueron confesadas. Este diagnóstico nos va a ayudar también a entender de dónde vienen nuestras armas. Si son armas que cruzan las fronteras, si son armas desviadas internamente de la ciudad común, si es un arma que salió de un arsenal público. Hoy no lo sabemos.

¿Es posible llegar a tener esa trazabilidad de las armas?

Es posible, pero son procesos que tiene que incorporar el país. Tenemos que trabajar muy de la mano con las autoridades locales para que se implementen protocolos, se implementen mecanismos, metodologías que permitan a la policía, a las fiscalías, a todos los que están metidos en investigación, que puedan priorizar el arma y las municiones en una investigación propia. Encontrar el punto de desvío es fundamental para entender las cadenas del tráfico de armas, que son muchas veces las mismas rutas, la misma trayectoria de drogas, de la trata de personas…

Del contrabando.

Del contrabando. En nuestra región y acá, como estoy hablando específicamente de Uruguay, es muy común que los mismos traficantes de drogas también sean traficantes de armas. En otras regiones, el tema de la minería ilegal, del oro, por ejemplo, de personas, de fauna, hay toda una cadena de mercados ilícitos. Entonces, prestar atención a este momento de la investigación es muy importante.

El ministro del Interior Carlos Negro, que fue fiscal, hacía énfasis en el Parlamento en el tema de las municiones que al ser algo más chico son fáciles de transportar en otro tipo de cargas. Entonces, ahí también hay todo un tema y también de que los delincuentes en Uruguay están teniendo un poder de fuego cada vez mayor... Entonces, ¿de dónde salen esas armas?

Si. Un arma sin su munición no sirve para nada. En los últimos años hemos percibido que las armas también están siendo contrabandeadas en partes. Muchas de las armas que antes llegaban enteras, un rifle, una pistola, ahora llega el cañón. Llega la acción del arma. O sea, todas las otras partes pueden ser producidas de manera casera, artesanal, con impresoras 3D, con la importación de partes y componentes que no necesariamente figuran, aislados en armas, y eso dificulta mucho el trabajo de trazabilidad, dificulta mucho el trabajo que hace Aduanas en identificar dentro de un contenedor, por ejemplo, que llega al puerto.

Pero es posible, es posible con políticas de coordinación, inter agencias. Queremos ayudar al país a construir protocolos y políticas de prevención para que se puedan identificar estos componentes y municiones antes de que lleguen a las manos de los criminales. La munición es una parte muy poco investigada en toda la región. Se suele investigar armas cuando mucho. Y ahí, otra vez, no estoy solo hablando de Uruguay -es una tendencia regional- solo se investiga el arma cuando parte de otro delito: un homicidio, un robo, etcétera. Se hace necesario que se empiecen investigaciones propias sobre las armas: sus orígenes, cómo llegaron a las manos de los criminales, y lo mismo con las municiones, que técnicamente es un poco más difícil de hacerlo, pero es posible.

¿Cómo se investigan las municiones? ¿Es posible conocer su origen?

Sí, hay técnicas para hacerlo. Hay maneras de conocer su origen, la fabricación, muchas veces en la propia munición, en el casquillo se puede identificar el año de producción, la fábrica de origen y ahí entender el circuito que hace esa munición hasta llegar a una escena de crimen. Se pueden mejorar mucho los protocolos para la identificación de la munición cuando el país adopta también medidas de identificación, de importación de munición. Uruguay, así como otros países que tienen tradición de caza y deportes contiguos, puede hacer. Hay también una cuestión en la recarga de municiones porque recargadas son mucho más difíciles de rastrear.

¿La recarga es ponerle pólvora a la munición?

Sí, es reconstruir a partir solo del casquillo una munición funcional. Sale más barato obviamente para los deportistas, los cazadores, por eso es una práctica común en Uruguay.

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Y dificulta la investigación

Dificulta muchísimo la rastreabilidad, porque un casquillo comprado en una tienda, en una marca que salió de una fábrica, puede ser reutilizado con otros elementos que se compran de manera separada en una nueva munición funcional. Pero para eso hay también experiencias de políticas de control de máquinas de carga, el control de los precursores, todos los materiales necesarios para reconstruir una munición viva.

El Ministerio del Interior está trabajando en un proyecto de ley para el tema armas. ¿En qué hace falta ajustes legales?

La legislación de armas en general tiene que ser actualizada para enfrentar los problemas actuales. Si es el caso de Uruguay, lo vamos a saber al final de este diagnóstico. Pero lo que vemos en muchos países es que hay una nueva preocupación por nuevos factores provenientes del cambio de la dinámica criminal. Hay, como hablábamos, una cuestión de la convergencia criminal que es la función de muchos delitos, el tráfico, contrabando de muchos materiales ilícitos y armas también siguen el mismo camino. Trabajar contra el tráfico de armas es trabajar también una actualización de legislación y transformar protocolos de investigación, de gestión de arsenales, de control de ventas para también disminuir el acceso a armas y municiones a los criminales.

Una de las políticas que en su momento se anunció, y este ministro lo comentó, pero después lo dejó a un lado, es el tema de la promoción del desarme de los civiles. ¿Es una práctica que sirve o hay que apuntar más a otras prácticas y a ajustes legales?

Tenemos que entender la situación en Uruguay. La cuestión del desarme ciudadano es considerada muchas veces como una solución única y de mi punto de vista no lo es. El desarme ciudadano tiene que venir junto con otras acciones porque la lógica por detrás de la disminución de la violencia armada pasa por la concientización, pasa por campañas de comunicación. Nosotros sabemos que Uruguay tiene una tradición de cacería, de clubes de polígonos de tiros, y estas cosas, bien reguladas y con responsabilidad de sus usuarios, pueden convivir con una sociedad con menos tasas de homicidios con armas de fuego, femicidios, violencia doméstica, robos.

Por otro lado, también es muy fuerte la evidencia que nos muestra que el mercado legal abastece al mercado ilegal. Desvíos de ciudadanos que tienen la mejor de las intenciones con sus armas para su coleccionismo, para sus deportes, acaban en un porcentaje que no es bajo, en manos de los criminales.

¿Porque se las roban o porque las venden?

Se las roban, las pierden. O sea, hay muchas maneras de encontrar desvíos del mercado legal al mercado legal. Sea por el tráfico internacional, sea por los robos dentro de arsenales públicos y privados también, estamos considerando también las empresas de seguridad privada. Pero estas conexiones hay que identificarlas. Y ese es el trabajo de este grupo de la OEA y del BID con Uruguay. Identificados todos esos elementos, ahí sí podemos pensar en una solución que pueda pasar por una campaña de desarme ciudadano como parte de la estrategia, pero obviamente. Pero es innegable esta conexión entre mercado legal y mercado ilegal.

Hay un factor también en el crimen organizado que es la extorsión y ahí también entran en juego las armas.

Sí, hoy en nuestra experiencia la extorsión está moviéndose mucho al mundo digital. Entonces, aprovechar de la tecnología, de la inteligencia artificial, del uso de redes sociales para obtención de informaciones personales, eso es el alimento de la extorsión muchas veces. Insisto en la cuestión de lo que llamamos de convergencia criminal. Los mismos grupos organizados que están, quizás, aplicando armas o drogas o cualquier otro ilícito, pueden también estar involucrados en la extorsión. La idea de los 80 o 90, que había un gran jefe del narcotráfico, no existe más. Está muy descentralizada la organización del crimen. El crimen de extorsión y tantos otros delitos pueden estar dentro de una misma red que solamente diversifica un poco sus ganancias.

Hace una semana vimos lo que pasó en Río de Janeiro. Acá la fiscal general de la Nación, que además sufrió un atentado en su casa con armas y una granada, decía que estamos cerca de que pase algo así ¿Cómo lo ven desde la OEA?

La operación del Río de Janeiro tiene un elemento muy local de esa ciudad. No es la primera vez que pasa eso. El enfrentamiento entre policía y narcotraficantes en ciertas localidades del Río de Janeiro es bastante local, no se aplica a otros lados, otras dinámicas criminales que vemos en toda la región. Lo que sí es un punto de preocupación es justamente lo que pasa en Rio de Janeiro y en muchas otras partes del Brasil y lo vemos también en otros países, que es el dominio del territorio por narcotraficantes y grupos criminales que de alguna manera u otra cambian la manera de vida de las personas, de las comunidades que están ocupadas en este territorio. Y eso obviamente es un punto de atención, porque cuanto más puede crece el crimen organizado en determinado territorio, y ocupa lugares donde el Estado debería estar, ahí sí podemos tener situaciones que son situaciones extremas. Para eso tenemos que construir políticas públicas sólidas en una institucionalidad que no permita que el crimen organizado ocupe territorios que no permita que el control de determinadas partes del país esté en las manos de criminales. En este momento no veo a Uruguay cerca de esta situación. Es una situación que se deterioró por años y años en Río y otras partes del Brasil y que realmente no es el caso de Uruguay.

El investigador chileno Pablo Zeballos, entrevistado por una colega de El Observador decía que el crimen organizado está controlando a las comunidades organizadas (asociaciones vecinales, sindicales) ¿Cómo están viendo ese fenómeno?

Ese es uno de los síntomas del crecimiento del crimen organizado que se dio cuenta de que cuanto más adentro de la máquina pública, cuanto más alineado con las políticas locales, con liderazgos locales, más fácil es su trabajo, más fácil es mover a ilícitos de un punto A a un punto B. No hay crimen organizado sin corrupción, no hay crimen organizado sin ningún tipo de ayuda del Estado para promover estos negocios. El dominio de territorios sociales es muy preocupante. Debería ser la preocupación prioritaria de los gobiernos para evitar que territorios completos sean dominados por un grupo criminal y ahí el Estado no pueda entrar. Estos acercamientos son parte de la estrategia del crimen organizado, se valen de liderazgos locales y se conectan en una red.

¿Cuál es la solución frente a ese fenómeno? En una columna que había publicado en El Observador hablaba de resiliencias locales ¿va por ese lado?

Exacto. La solución es más Estado. La solución es más presencia del Estado donde se siente falta de una actuación más directa. No se solucionan los temas de violencia y criminalidad solamente con policías. Hay que buscar una integración más intensa también de otras partes del Estado, en la educación, la salud, obviamente en la justicia, para que no tengamos esta sensación de inseguridad, de impunidad. Hay todo un conjunto que debe reafirmarse dentro de determinado territorio para que no haya brechas para que sea ocupadas por los criminales.

Un factor central en esto es el tema carcelario. Como ha pasado con el Comando Vermelho, que nació en las cárceles, está pasando acá. Desde las cárceles se dirigen organizaciones y se decide lo que pasa afuera. Sin embargo, no se está poniendo el foco ahí, las autoridades no están atacando ese problema.

El tema penitenciario siempre fue un tema... en todos los lugares. Es un tema duro, es un tema que a la sociedad no le gusta avanzar porque en las cárceles están las personas que no son deseadas dentro de la sociedad. Y por eso invertir en eso no es nada atractivo, mucho menos para la clase política. Pero el sistema penitenciario es parte de una cadena de políticas públicas que dependen una de la otra. Lo que quiero decir es, no hay trabajo efectivo de la policía que no esté conectado al trabajo efectivo de justicia criminal, que a su vez no esté conectado con el trabajo efectivo del sistema carcelario. Es una cadena, son parte del mismo sistema. Es abastecer cada parte de esta cadena. Es un problema grave que va a llevar a problemas sociales de toda naturaleza. No es aleatorio que muchas de las organizaciones criminales transnacionales nacieron en las cárceles y el modelo de dominación de las cárceles para transformar estos lugares en verdaderas oficinas del crimen organizado se está expandiendo. No es solo un problema de Brasil, de Colombia, de México, de Guatemala, de Honduras, es un problema general, porque se entiende que es un modelo que funciona. Si dominan un cárcel, pueden dominar territorios. Si están protegidos dentro de un cárcel, con total capacidad de comunicación, con enviados especiales para todos los negocios del delito, del crimen organizado, están protegidos. No basta sacar criminales de las calles, meterlos en la cárcel y olvidarse del problema.

Iván Marqués OEA tráfico de armas acuerdo Ministerio del Interior

Armando Sartorotti/ FocoUy

Acá tenemos el ejemplo de Sebastián Marset, un criminal que estuvo en la cárcel y así fue escalando y convertirse en un narco intocable ¿Cómo ven ese fenómeno? ¿Qué hay detrás de Marset?

Yo no estoy al tanto de los detalles de este caso, pero es cada vez más común esas figuras que están presas o están en el cárcel y siguen controlando las bandas. Es parte de esta nueva dinámica criminal, que no es tan nueva. Consiguieron organizarse de tal manera que no necesitan de un gran jefe. El sistema funciona con la ausencia de estas figuras sobre conocidas. No vamos más a tener un Pablo Escobar. Esa es la realidad en crimen organizado hoy.

¿Son como asociaciones...?

Son muchas asociaciones que están desplegadas en el territorio. Muchas veces organismos que son transnacionales van involucrando cada vez más gente. El grueso del lucro de la ganancia del tráfico está en los intermediarios porque hay un batallón de gente en la calle vendiendo drogas, haciendo microtráfico. Pero la ganancia es pequeña -es mucha, obviamente, para las condiciones sociales de la gente que está involucrada en eso- pero la gran ganancia está en el transporte, en salir de las zonas productoras a las zonas intermedias. Hablando de drogas, los países de nuestra región no son más los países de transbordo, del tránsito, son países que se convirtieron en consumidores también y con eso se da poder a los traficantes locales que antes funcionaban como los que transportaban la droga de la frontera de su país hacia el puerto y ya no más. Ahora, les pagan con droga y con eso viene el crecimiento del mercado local y la disputa entre diferentes vendedores. Y con eso llega la violencia. Estas personas van a buscar cada vez más armas para defender su puestos de venta. Y esa es la dinámica. Y por eso ha aumentado también la violencia armada en muchas partes que antes eran países de tránsito.

¿Cómo ve la propuesta de negociar con las organizaciones delictivas?

Ningún país hasta hoy negoció directamente y abiertamente con los narcotraficantes. Obviamente entre una posición de mantener el tráfico de drogas y una violencia armada excesiva, mantener el tráfico de drogas y no tener esta violencia increíble, que la gente muera, bajar los indicadores de violencia, pero no necesariamente significa que tenemos que cerrar los ojos al tráfico de drogas. Hay que combatirlo también, pero con inteligencia. Operaciones como las del Río, por ejemplo, son un desastre, un desastre humano, un desastre a la capacidad del Estado de promover justicia sin promover violencia. Entonces, hay maneras de hacerlo con información, con inteligencia, pero obviamente lo que queremos es reducir la violencia.

¿Se está planteando para que bajen los homicidios en algún país?

El Estado no está en condiciones de negociar, porque son delitos, pero hay maneras de hacerlo para que se reduzcan los indicadores de violencia en la calle. Es justamente trabajar el combate contra las drogas. Cualquier acción del Estado que termine en un resultado de muertes, no importa si son parte de la banda criminal o de la policía, es un desastre. Se trata de buscar la base financiera del tráfico de drogas, investigar las conexiones de corrupción, cerrar las puertas del propio Estado para no contribuir a que tengan éxito, son maneras de combatir la violencia armada que genera el tráfico de drogas.

Ha habido experiencias en otros países y acá también de instalar mediadores o interruptores en los barrios pero no se conocen los resultados sobre si funcionó o no.

Sí, el trabajo comunitario es muy importante. El trabajo de prevención, el trabajo con jóvenes, todo eso es parte de una gama de políticas públicas que tienen que venir en conjunto con otras. O sea, ese trabajo de prevención con jóvenes no va a funcionar aislado de otras políticas para debilitar justamente estos organismos transnacionales criminales. Hay que hacer las cosas en conjunto. Por eso que la OEA y muchos organismos internacionales apoyan a los estados con asistencia técnica, con construcción legislativa, protocolos, para una visión más holística. Muchas veces, por muchas razones, por falta de recursos o por el interés político se pone el peso al lado de la represión, pero eso es parte de la solución, no es la solución completa.

En todo este tema se advierte una necesidad de cooperación internacional. Lo decía también la fiscal de Corte Ferrero, que Uruguay solo no va a poder. Nadie puede solo. Al mismo tiempo hay países donde la corrupción es muy alta y es muy difícil que den información y colaboren. ¿Cómo se logra entonces? ¿Es posible?

Es posible. Si el crimen no conoce fronteras, tampoco deberíamos los gobiernos y los estados trabajar de manera aislada. Uruguay no tiene una producción de armas o municiones suficiente para abastecer el crimen de la manera que nos están diciendo los niveles de violencia armada del país. Tampoco produce cocaína, que es uno de los efectos del tráfico. O sea, Hay toda una conexión a nivel regional y subregional que debería llevar más atención y conectar a autoridades de todos estos países para combatir esta red que opera en Uruguay. Es necesaria una red internacional para combatir otra red internacional y es exactamente eso lo que estamos intentando con esta cooperación entre la OEA y el BID. Con sus redes y con sus capacidades fortalecer la institucionalidad del Estado uruguayo para prepararse y combatir estos fenómenos que son verdaderamente transnacionales.