Mientras la causa por lavado de activos apenas comienza a moverse, la investigación penal por la presunta estafa que llevó adelante Gonzalo Aguiar en colaboración con otras personas busca redirigirse para tratar de identificar a otros posibles autores.
En los últimos días los abogados del principal accionista canadiense del emprendimiento de cannabis medicinal de Salto, Bruno Gaiero y Rodolfo Perdomo, se reunieron con el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez para evaluar cómo seguir la investigación tras la muerte de Aguiar.
En ese encuentro, según dijeron a El Observador fuentes al tanto de la investigación, el fiscal le solicitó a los abogados que consiguieran el video del presunto casamiento entre Aguiar y Romina Camejo, la expareja y homicida del empresario. ¿Por qué esa es una prueba para la investigación? Porque los denunciantes aseguran que se trató de un casamiento falso y que quien se hizo pasar por juez de paz para casarlos fue uno de los colaboradores de Aguiar para montar toda la estafa.
La otra grabación que pidió el fiscal es la de una videollamada en la que Aguiar le presentó al principal accionista canadiense del emprendimiento, John Pollesel, un supuesto funcionario de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que sería otro de los colaboradores del empresario. Sin embargo, los abogados defensores no están seguros de que haya registro de esa videollamada.
La Senaclaft no fue la única oficina pública en la que Aguiar presumió de tener (falsos) contactos. Otro colaborador, siempre según la versión de los denunciantes, se hizo pasar por un alto funcionario del Banco República (BROU) en llamadas y mensajes.
Aguiar, asesinado por su expareja el pasado 26 de febrero, era un empresario uruguayo que vivió varios años en Canadá y que volvió a Uruguay en 2019 con el objetivo de liderar el desarrollo de una planta de secado y curado de cannabis en Salto con el dinero de inversores canadienses. Si bien la planta se construyó, los inversores lo terminaron denunciando por estafa y apropiación indebida y la empresa cerró de un día para el otro sin mayores explicaciones. Los inversores aseguran que destinaron más de US$ 27 millones de los que Aguiar utilizó varios para gastos personales.
Captura Uruguay Sothebys International
La Maison, la mansión que Aguiar compró en Punta del Este
Su esposa
Los denunciantes aseguran que el casamiento en Uruguay fue falso porque Aguiar estaba casado en Canadá con una mujer de origen salvadoreño que también figura en la denuncia inicial presentada. Según la denuncia, Roxana Guadalupe Marroquín Donan, al igual que Aguiar, realizó delitos de estafa, apropiación indebida y “eventualmente delitos contra la fe pública”.
De todos modos, los abogados entienden que el casamiento en Uruguay fue ficticio con el consentimiento de la propia Camejo, que es otra de las señaladas por los denunciantes.
Pero los denunciantes quieren ir un poco más allá y además de las dos exparejas de Aguiar, del falso juez de paz y los presuntos funcionarios de la Senaclaft y del BROU, le pidieron al fiscal que también investigue al abogado de Aguiar mientras montaba la empresa en Uruguay, a un asistente de un estudio jurídico, la nuera del empresario y también personal de confianza de la empresa que, entienden los abogados, lo “asistió en la realización del fraude”.
Van contra los bienes
La investigación a nivel de la fiscalía de Lavado de Activos apunta contra los bienes de Aguiar porque más allá de su fallecimiento el Estado puede, eventualmente, incautarlos. El fiscal Enrique Rodríguez deberá investigar si el empresario utilizó dinero de la estafa y lo blanqueó mediante la adquisición de distintos bienes.
Entre los bienes que el denunciante entiende que Aguiar compró con el dinero que se apropio indebidamente está la mansión de Punta del Este conocida como La Maison, dos terrenos en el mismo balneario, una casa en el Prado y otra en Ciudad de la Costa, un yate, un auto Ferrari 458 Spider, un BMW M3, una camioneta Volkswagen Tiguan, dos motos de agua y dos cuatriciclos, según consta en la denuncia presentada ante la Justicia.