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Manini dijo en varias ocasiones que las condenas a militares implicados en delitos de lesa humanidad en la dictadura son un acto de "venganza"

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De querer sancionar fiscales a cuestionar procesamientos de militares: los cruces de Cabildo a la Justicia

Desde que irrumpió en la escena política, Cabildo Abierto ha cuestionado fuertemente a la Justicia con el foco en el papel de la fiscalía

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13 de abril de 2022 a las 11:58

Desde que irrumpió en la escena política local, Cabildo Abierto puso, por distintos motivos, el foco en el accionar de la Justicia. Cuando el líder del partido, Guido Manini Ríos, asomaba como presidenciable, su nombre ya estaba envuelto en el escándalo vinculado a las declaraciones del exrepresor José Nino Gavazzo sobre la muerte del tupamaro Roberto Gomensoro. Y, más allá de que prometió no ampararse en los fueros e igual lo hizo, de ahí para adelante pasaron un pedido de renuncia del fiscal de Corte, un proyecto de ley para sancionar a jueces y fiscales, intentos por reformar el código del proceso penal y varios cuestionamientos al proceder de la Justicia en los temas vinculados a las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, entre otros. 

Su proceder, particularmente en el Parlamento, le ha valido cuestionamientos desde el sistema judicial y, en general, sus iniciativas no han tenido eco en el resto de los partidos de la coalición oficialista. 

El último proyecto presentado, que busca sancionar a jueces y fiscales en caso de juzgar de forma errónea a una persona, fue calificado como "impresentable" por el actual fiscal de Corte Juan Gómez y eso generó la respuesta de los cabildantes. A continuación, un repaso de los principales cruces del partido de Manini con la Justicia. 

Cambios en el sistema

Con el proyecto presentado, los senadores cabildantes defienden la postura de imponer que aquellos fiscales que "intencionalmente persigan penalmente a un no culpable o a una persona a la cual no le corresponda sanción penal", u oculten pruebas de una investigación preliminar, sean castigados con una pena de 18 meses de prisión a siete años de penitenciaria, sumado a una inhabilitación especial de tres años para ejercer sus funciones y a una multa de 60 a 12.000 unidades reajustables.

La idea, que el fiscal de Corte, Juan Gómez, calificó de "impresentable", no es la primera que Cabildo tiene para reformar la parte penal del Poder Judicial. En febrero el senador cabildante Guillermo Domenech reiteró la intención del partido de llevar adelante una "reforma importante del sistema procesal penal", en una audición partidaria transmitida por 970 Universal.

Esto se debe a que con la última reforma del sistema penal se trasladó "el eje de la justicia penal del Poder Judicial" a la Fiscalía General de la Nación, hecho que "suponía un importante quiebre de las tradiciones jurídicas de nuestro país", alegó Domenech.

Los militares

"El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad", dijo el líder cabildante Guido Manini Ríos sobre la condena al capitán retirado Lawrie Rodríguez por el asesinato del militante tupamaro Iván Morales Generalli en dictadura. 

Este caso particular es parte de una postura de Cabildo en contra de algunas penas a militares juzgados por delitos de lesa humanidad en la dictadura, que pide pasar para la página, pero por otro lado también sostiene que "el pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo en las nuevas generaciones e incluso los textos de estudio", como dijo Manini en la detención de Rodríguez.

"¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible, detener en estos momentos de pandemia al capitán Lawrie Rodríguez con todas sus vulnerabilidades, después de una década en la que se estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?", preguntó el excomandante en jefe del Ejército.

Cuando el militar retirado Leonardo Vidal murió en diciembre de 2021, detenido en la cárcel de Domingo Arena por el asesinato del tupamaro Nelson Berreta en 1972, Manini sostuvo que el implicado había sido absuelto en ese entonces, pero "medio siglo después fue juzgado por segunda vez". "Venganza disfrazada de justicia", declaró en Twitter.

Parte de esta línea de pensamiento se vio reflejada en el proyecto de ley que otorga prisión domiciliaria de forma preceptiva a los mayores de 65 años, presentado en noviembre de 2021. 

Cabildo también busca derogar la ley reinterpretativa de la ley de caducidad, como afirmó en una reunión de legisladores de la coalición en febrero de 2021.  Manini defendió su propuesta de reinstalar la ley y dijo que la norma interpretativa de 2011 “abrió el camino para que ciertos magistrados actuaran con total impunidad alentados por un coro al que solo le interesa la venganza”, en la media hora previa del Senado del 4 de agosto de 2021.

El desafuero

Manini Ríos fue acusado de ocultar información referente a la confesión del exmilitar y represor José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor en abril de 2018, donde dijo haber asesinado a Roberto Gomensoro en abril de 1973, previo al comienzo de la dictadura. Sin embargo, el exministro de Defensa, Jorge Menéndez, tomó conocimiento de esa declaración luego de que Manini Ríos le dejara el expediente de ese caso en su escritorio el 14 de febrero de 2019. 

El fiscal Rodrigo Morosoli fue el encargado de llevar adelante el caso en contra de Manini, quien ese año fue elegido como senador por Cabildo Abierto. En noviembre de 2019, antes de asumir, la justicia determinó que el cabildante ya se amparaba en los fueros legislativos, por lo que Morosoli pidió el desafuero de Manini, que finalmente no fue aprobado por el Parlamento en octubre de 2020. 

En setiembre de 2019, con el caso en curso y en medio de la campaña electoral, Manini acusó a Morosoli de estar “mandatado para hacer lo que está haciendo”. En entrevista a La Diaria, el hoy senador cabildante Guillermo Domenech aseguró en ese entonces que la acusación buscaba "frustrar" la campaña presidencial de Manini“Se pretende una injerencia judicial en un asunto político”, agregó.

En octubre de 2020, previo a la votación por sus fueros, Manini afirmó en entrevista a En Perspectiva: "Tengo suficientes elementos para pensar que esto fue armado, que se buscó siempre afectar políticamente", y agregó que "hay elementos objetivos para pensar que aquí se actuó con sesgo e intencionalidad política".

Pedido de renuncia a Jorge Díaz

En un escrito presentado por el senador Domenech y el diputado Eduardo Lust en julio de 2020, Cabildo Abierto pidió la remoción del fiscal de Corte, Jorge Díaz, por haber iniciado una investigación administrativa a la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, después de que archivara la indagatoria al intendente de Colonia, Carlos Moreira, por su vinculación a una serie de audios viralizados en los que ofrecía pasantías a cambio de sexo.

"Vinimos a pedir en aras de la independencia de los fiscales y en aras del prestigio de nuestra Justicia que se tomen medidas dada la debida intromisión del señor fiscal general de la Nación en la independencia de los fiscales que de él dependen", indicó Domenech en rueda de prensa tras reunirse con autoridades de Presidencia en Torre Ejecutiva para presentar el escrito.

Según detalló Fiscalía a El Observador ese mes, la investigación fue pedida para darle a Charquero "los fundamentos" sobre la decisión, y evitar "que fuera crucificada públicamente". 

Sin embargo, Domenech afirmó que esta situación era una más de "un cúmulo de irregularidades cometidas que afectan la independencia de los fiscales". Por ello, solicitaron "que se ponga en marcha los artículos 197 y 198 de la Constitución, por los cuales el Poder Ejecutivo suspende el procedimiento disciplinario y destituye al fiscal", dijo Lust.

Ignacio Álvarez

El periodista de Azul Fm Ignacio Álvarez fue acusado por Fiscalía de difundir videos privados de una persona sin su consentimiento en el caso de abuso grupal a una mujer en Cordón, ocurrido el 23 de enero. Cuando se quiso recabar pruebas para comprobar el delito, la fiscal Mariana Alfaro pidió allanar la casa del periodista y la radio en la que trabajaba. Esto generó malestar en la prensa uruguaya, una posterior retractación de la Fiscalía, y críticas del sistema político por el manejo del caso, entre ellas las de Cabildo Abierto.

“En este tema para nosotros lo más grave, lo que más nos preocupa, es la actuación de la Justicia. Hace ya tres años nosotros denunciamos por escrito, la falta de garantías que tenían los acusados de determinado delitos, que debían probar su inocencia. Y aún así, aunque lo hicieran, se hacía caso omiso a las pruebas que esgrimían y a sus argumentos. Situaciones muy similares se dan cuando se tratan temas de género", dijo Manini en una audición partidaria de Radio Oriental el 8 de febrero.

Nuevo Comienzo

En otra media hora previa de una sesión del Senado, en este caso del 5 de mayo de 2021, Manini acusó a la justicia de cometer "una nueva forma de interferencia" en el fallo a favor de una familia que había ocupado una casa en el asentamiento Nuevo Comienzo para quedarse en ese hogar, decretado el 6 de abril de ese año.

El fallo brindó un recurso de amparo a una familia que había recibido una orden de desalojo por usurpación y robo de energía, por el que el Estado debería brindarle una solución habitacional a estas personas. Sin embargo, el fallo fue apelado por el Ministerio de Vivienda, comandado por la ministra cabildante Irene Moreira, esposa de Manini, quien en el Senado criticó que "para cumplir el fallo se debió cancelar una entrega de una vivienda para una familia que había cumplido con todos los requisitos".

"Con este tipo de sentencias se asumen funciones que competen al gobierno en política de vivienda", puntualizó el legislador cabildante, y agregó que "el sistema político no puede aceptar este tipo de interferencias". El Tribunal de Apelaciones luego le dio la razón a la Justicia. 

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