Se trata, no obstante, de una de esas interrogantes en que los encuestados deslizaron matices a la hora de ser consultados por conversación telefónica, con condicionamientos tales como “depende del tipo de actividad”, o “estaría dispuesto a analizarlo por caso”, o “hay que atarlo a la productividad”, entre otros.
La luz verde para avanzar en esa línea es unánime dentro del Frente Amplio, con la mitad de sus representantes afirmando incluso estar “muy de acuerdo” en hacerlo. La oposición, a impulso del MPP, presentó de hecho un proyecto de ley para efectuarlo e incluyó en su programa de gobierno el lineamiento para “estudiar” esa eventualidad que ya se aplicó en algunas ramas de actividad puntuales como líneas de producción en la industria de la bebida y ciertos sectores de la metalurgia.
Las mayores resistencias aparecen en cambio en legisladores del Partido Nacional, con solo uno de cada cuatro a favor de hacerlo, y en el Partido Colorado, con poco más de la mitad de sus representantes en contra.
En Cabildo Abierto, por su parte, están divididos en mitades iguales entre quienes están a favor de implementarlo y entre quienes se oponen a ello. Tales son las divergencias en este punto que el líder del partido, Guido Manini Ríos, expresó su discordancia con reducir la jornada laboral, mientras que su esposa Irene Moreira, quien integra la comisión del Senado que tiene a estudio el proyecto de ley frenteamplista, manifestó estar de acuerdo.
¿Libre porte de armas?
En un país que está “armado hasta los dientes”, según la fiscal de Homicidios Mirta Morales, la mayoría de los legisladores está en contra de la libre portación de armas. Seis de cada diez parlamentarios está en desacuerdo o muy en desacuerdo con permitir que cualquiera pueda tener un arma de fuego.
Si bien el rechazo es general y en todos los partidos supera, como mínimo, el 50%, existen algunos matices. Mientras que en el Frente Amplio el 98% rechaza esta posibilidad, en el Partido Nacional cuatro de cada diez está de acuerdo con la libre portación de armas.
Actualmente en Uruguay es necesario hacer un curso de tiro, tener un certificado de aptitud psíquica y el certificado de antecedentes judiciales, entre otras cosas, para poder tener un arma de forma legal.
Un estudio de 2018 denominado Small Arms Survey estableció que Uruguay es el quinto país del mundo con más armas en manos de civiles. En 2014, el gobierno de José Mujica quiso avanzar para buscar regular las armas no registradas pero con escaso éxito. Ese año se aprobó una ley que recién fue reglamentada dos años después.
Esa normativa establecía un plazo de un año para que las personas en situación irregular ingresaran en el marco legal. En los primeros años de aplicación se regularización 3.400 armas por año en promedio y se aplicaron algunas prórrogas para incentivar a las personas a concretar ese paso.
En 2021 hubo un pico de 12.048 armas regularizadas que el gobierno adjudicó a un decretó que flexibilizó el proceso.
Un pedido de informes efectuado por la bancada del Frente Amplio ese mismo año al Servicio de Material y Armamento, al que accedió El Observador reveló que, según los datos oficiales, hay 606.704 armas registradas en el país.
¿Lenguaje inclusivo?
“Señora presidente”. Cada tanto, cuando Beatriz Argimón está presidiendo la Asamblea General o el Senado, algún legislador se refiere a ella como “señora presidente”. Incluso en una interpelación, la nombró así su correligionaria y mujer Azucena Arbeleche (gustosa de que la llamen “señora ministro”). Y el solo hecho de usar esta expresión —y no el nombre femenino “presidenta” que es el que recomienda la Real Academia Española— encendió acaloradas discusiones parlamentarias.
Y eso que no se usó la “e”, como “diputades”, o la “x”, o el “@”… ni siquiera se discutió el cambio en registro oficiales de personas no binarias, como sí lo hizo la Universidad de la República que aceptó la emisión de títulos sin género.
Prueba de ello, hoy menos de cuatro de cada diez legisladores (37%) están “dispuestos” o “muy dispuestos” a implementar el lenguaje inclusivo en documentos oficiales, como surge de las respuestas de los senadores y diputados a la encuesta de El Observador.
Es el mismo Parlamento que, por ejemplo, tiene a estudio un proyecto de ley que busca prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las instituciones educativas. Una iniciativa que fue promovida por una legisladora mujer.
Porque antes del corte de género, el lenguaje inclusivo tiene en el Parlamento uruguayo una división política partidaria. En el Frente Amplio, siete de cada diez legisladores están dispuestos a la implementación de este lenguaje en documentos oficiales. Mientras, en el Partido Nacional o Cabildo Abierto nueve de cada diez son contrarios.
Más de la mitad de las mujeres (55%) está a favor de la implementación del lenguaje inclusivo, mientras que entre los hombres cae a un tercio. Pero, otra vez, la gran división es política antes que sexual. Salvo la diputada colorada Nibia Reisch, todo el resto de legisladoras afines al lenguaje inclusivo son de la coalición de izquierda.
¿Cómo lo hicimos?
El Observador encuestó, mediante un formulario de Google, a los senadores y diputados actuantes durante la mayor parte de la legislatura en 2023. El relevamiento, realizado entre el 29 de agosto de 2023 y el 16 de enero de 2024, contó con las respuestas de 123 de 130 legisladores.
No respondieron la encuesta porque se opusieron a la misma: Carmen Asiaín (Partido Nacional, quien fue sustituida por su suplente Jorge Saravia), Carmen Sanguinetti (Partido Colorado), Raúl Batlle (Partido Colorado), Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto). No contestaron porque, tras sucesivos intentos de comunicación, nunca respondieron: Óscar Andrade (Frente Amplio), Álvaro Lima (Frente Amplio), Wilman Caballero (Cabildo Abierto), y Valentina Dos Santos (Partido Nacional).
El cuestionario incluyó nueve preguntas de opinión con múltiple opción y 12 consultas de perfil sociodemográfico y caracterización. Este trabajo fue iniciativa de un equipo periodístico de El Observador integrado por: Diego Cayota, Ramiro Pisabarro, Martín Prato y Tomer Urwicz.
