El debate por el Presupuesto se acerca y la situación es diferente en cada organismo. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Fiscalía General de la Nación esperan con distinto ánimo el ingreso del texto final del proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo enviará este lunes al Parlamento. Mientras en el Poder Judicial aguardan con ciertas "expectativas" la iniciativa que ingresará por la Cámara de Diputados, en el Ministerio Público saben que se esperan recortes para el próximo quinquenio, según contaron fuentes de ambas instituciones a El Observador.
En los dos casos, el gobierno comenzó las negociaciones transmitiendo el firme propósito del presidente Luis Lacalle Pou de promover un presupuesto austero, y que se tomara como base el decreto 90/020 que impone un ahorro de al menos 15% de los gastos de funcionamiento e inversiones –excluidas las partidas salariales–, que rige para la Administración Central, entre otros recortes. En ambos casos, también, los organismos aseguraron no estar en condiciones de reducir sus recursos, pero el Poder Ejecutivo se mostró más receptivo a exceptuar del "ajuste de cinturón" a la Suprema Corte que a la Fiscalía, a quien ya se comunicó que se propondrá un recorte de "entre el 10 y el 15%" en gastos de funcionamiento, señalaron los informantes.
En las primeras reuniones con los representes de la SCJ, tanto la presidenta de la corporación, Bernadette Minvielle, como el ministro Eduardo Turell y el director de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, plantearon que el Poder Judicial "no está en condiciones de abatir el presupuesto", especialmente en materia de inversiones y gastos de funcionamiento. Este rubro implica todos los costos de mantenimiento edilicio, el pago de luz, agua, seguridad y limpieza y otros, y los representantes de la Justicia indicaron que de realizarse recortes en esa área iba a generarse necesariamente "un impacto en el servicio", agregaron las fuentes.
Luego, con el correr de las semanas en el Poder Judicial encontraron "una muy buena disposición" por parte de la Oficina de Planeamiento y Prepuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas, tanto para escuchar las necesidades de la Corte como para estar disponibles a "reunirse muchas veces" y atender un análisis "pormenorizado" que permitió visualizar la situación presupuestaria de la SCJ. "Tenemos la expectativa de mantener los recursos", dijo uno de los informantes como conclusión de esa ronda de reuniones.
En el conjunto del presupuesto asignado a la Administración Central y a organismos del artículo 220 de la Constitución, el Poder Judicial representa el 2,7% del total, casi lo mismo que el Ministerio de Economía, que tiene el 2,6%, mientras que la Administración Nacional de Educación Pública tiene el 26,1%, la Administración de los Servicios de Salud del Estado el 14,5% y el Ministerio del Interior, 11,4%.
Por su parte, los recursos que se lleva la Fiscalía General de la Nación son aproximadamente el 20% de los que absorbe el Poder Judicial. De acuerdo a la asignación presupuestal de 2020, disponible en el
sitio web del Ministerio Público, este organismo descentralizado tiene un presupuesto anual de $ 1.466.676 millones.
Entre las aspiraciones del máximo órgano del Poder Judicial, no obstante, está hacer frente a distintos problemas generados en los últimos años y que demandan refuerzos prespuestarios. Uno de los principales obstáculos es atender la ley 19.580 de Violencia hacia las mujeres basada en género, que si bien está aprobada en 2017 y se aplica en cuanto a las normas, aún falta la creación de juzgados con los consiguientes cargos de jueces y de equipos técnicos –psicólogos y asistentes sociales que asesoran a los magistrados-.
El objetivo es llegar a tener en Montevideo entre 26 y 28 juzgados en los próximos años, cuando actualmente funcionan diez juzgados de familia especializada, y pronto serán 12, porque el Poder Judicial decidió transformar dos juzgados de Adolescentes debido a que los delitos cometidos por los menores han bajado notoriamente y esa materia tenía capacidad ociosa.
Según informó el semanario Búsqueda y confirmó El Observador con fuentes judiciales y políticas, el Poder Ejecutivo quedó en estudiar la posibilidad de brindar un monto extra de $ 200 millones para que la SCJ pueda costear las refacciones de un edificio ubicado en el barrio de La Aguada adquirido tiempo atrás, y en donde se proyecta que funcionen los juzgados especializados en violencia de género. Las autoridades calculan una demora de tres años en terminar las obras, y en las aspiraciones de la SCJ están en que para 2024 se reciba otro monto de $ 350 millones para crear los cargos de jueces necesarios, aunque hay incertidumbre sobre eso.
También hay otros reclamos, como culminar las obras en el edificio de la calle 25 de Mayo –donde antiguamente estaba el banco La Caja Obrera– que permitiría trasladar allí a los juzgados de Paz, hoy distribuidos en varios edificios por los que se pagan alquileres, lo que permitiría generar ahorros.
Asimismo, está pendiente dar una solución definitiva al conflicto salarial generado por la ley de presupuesto de 2010, en la que se resolvió un aumento para los ministros del Poder Ejecutivo y que tuvo un efecto de arrastre no esperado con el sueldo de los ministros de la SCJ –que están equiparados a los anteriores– , y de los que a su vez están enganchados los salarios de los funcionarios judiciales. Por este motivo, y pese a que en muchos casos hubo negociaciones y acuerdos, todos los años hay juicios de trabajadores, por lo que la corporación también aspira a un refuerzo en recursos para otorgar todos los aumentos para el final del período, lo que también supondría un "ahorro" para el Estado, que todos los años debe asumir juicios por este tema, y los pierde.
El mal arranque con mal final
Como dijo a principios de julio el fiscal de Corte, Jorge Díaz, las negociaciones con el gobierno ya adelantaban "pronósticos bastantes desalentadores", porque ya entonces no se hablaba "de incremento sino de disminución".
Días después, el Ministerio Público presentó un informe en el que demostró que en el mes de junio los fiscales alcanzaron el récord histórico de imputaciones, y el 13 de agosto Díaz expuso a los medios el último relevamiento estadístico de la institución con el que dio cuenta que también se había alcanzado el récord absoluto de la cantidad de presos. En una conferencia de prensa ese día, el jerarca dijo que aunque los números hablaban de un incremento en la eficacia del organismo en la persecución penal, "la principal preocupación" tenía que ver con los recursos que le asignará el gobierno para los próximos años. "Estamos convencidos de que es posible mejorar aún más estos números, pero para eso se necesita mejorar los recursos humanos y materiales en cantidad", afirmó.
Fuentes allegadas a Díaz señalaron a El Observador que el gobierno se comprometió a no recortar en el rubro de sueldos –que es el 90% de los gastos de la institución–, y que en el mensaje que enviará la Fiscalía al Parlamento se planteará la creación de más cargos.
William Rosa, secretario general de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, dijo que se necesita prepuesto para "cuestiones de seguridad no contempladas, cuestiones edilicias", y que el recorte que quiere aplicar el gobierno "va a contramano" con las necesidades del Ministerio Público.
