El diputado frenteamplista Gustavo Olmos y los coordinadores de bancada de la coalición intercambian por estas horas borradores para presentar la semana que viene un nuevo proyecto de ley consensuado para restringir los ingresos “a dedo” en las intendencias.
Luego de que el Frente Amplio reinstalara el tema en agenda a raíz de las condenas por horas extra en Artigas, los dirigentes se encaminan a firmar la iniciativa que entrará la semana que viene –seguramente en la sesión del martes 6– a la Cámara de Diputados.
“Va a ser firmado por todos si nos ponemos de acuerdo”, declaró a El Observador el bergarista Olmos. “Podemos presentarlo en la sesión del 6 o cualquiera de los días siguientes para que la presidencia de la Cámara lo derive a la Comisión de Constitución y Códigos, que lo va a estudiar”.
Olmos distribuyó una redacción tentativa entre los partidos. Cabildo Abierto fue el primero en recoger el guante cuando el tema volvió al debate, luego de que en marzo naufragara en el Senado un proyecto en esa línea impulsado por el colorado Adrián Peña. El Partido Colorado, que a raíz del escándalo destapado en Artigas tiene mandato de su Comité Ejecutivo Nacional para volver a tratarlo, estudia por estas horas una devolución a cargo de la coordinadora María Eugenia Roselló.
Por su parte, el nacionalista Juan Martín Rodríguez esboza desde hace unos días posibles aportes junto al diputado del Partido Independiente, Iván Posada, confirmó él mismo a El Observador.
“Olmos me mandó un borrador en línea con lo que le habíamos sugerido. Me comprometí a hacerle una devolución para el viernes, pero adelanto que va en línea con lo que dije. Si bien se le puede ajustar algún artículo, estoy dispuesto no solo a acompañarlo con mi voto sino a firmarlo”, aseguró Rodríguez, aunque aclaró que todavía no ha hecho una lectura en profundidad.
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Juan Martín Rodríguez. Archivo
Leonardo Carreño
Presupuestados, contratados y adscriptos
Según el borrador de cuatro artículos al que accedió El Observador, Olmos modifica en varios puntos la última redacción que a comienzos de año se debatió en el Senado, que era bastante más restrictiva, en especial a partir del texto acordado en comisión por senadores frenteamplistas, colorados y cabildantes.
Ahora, un primer punto del anteproyecto postula definiciones concretas para los conceptos de “funcionarios públicos” de los gobiernos departamentales; delimita el término de un “funcionario presupuestado” como quien accedió por sorteo o concurso “conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre capacidad técnica y méritos”, además de su “derecho a la carrera administrativa”.
El texto diferencia claramente a la categoría del “funcionario contratado” como quien desempeña “tareas transitorias, excepcionales” o “permanentes específicas cuyo aumento de volumen transitorio no pueda ser afrontado” por presupuestados, en cuyo caso “no puede exceder el período de gobierno del intendente”. El artículo 2° del proyecto, considerado como el punto clave, obliga a firmar la designación mediante resolución del intendente “debidamente fundada” y a establecerlo “de acuerdo con los procesos de selección que determine el estatuto de cada departamento”.
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La Intendencia de Artigas ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas
Intendencia de Artigas
El artículo 4°, que el herrerista Rodríguez considera que podría fusionarse con las primeras disposiciones ya mencionadas, fija que los ascensos de funcionarios municipales deberán ser “a través de concursos”.
Por otro lado, el artículo 3° contempla como novedad a la figura del “personal adscripto al intendente”, que podrá ser designado a partir de “partidas máximas anuales” votadas por las juntas departamentales en los presupuestos o rendiciones de cuentas. El texto afirma que estos “cesarán indefectiblemente cuando cese el mandato del intendente que los designó”.
Blancos y colorados ya habían anunciado que era necesario dejar abierta la posibilidad a que cada jerarca de turno tuviera salvaguardas para hacer designaciones en casos especiales. En otro orden, la idea de los cargos que caen junto al mandato del intendente fue planteado por Yamandú Orsi –ex jefe comunal de Canelones y actual candidato del Frente Amplio– a lo largo de todo el debate.
Juan Martín Rodríguez, coordinador de la bancada blanca, sostuvo al respecto que prefiere una redacción que no se limite solo a los adscriptos sino a todas las categorías ya contempladas en la ley vigente de Reglamentación del Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central. El herrerista dijo que se inclina por “una fórmula en que los gobiernos departamentales sean los que reglamenten esos aspectos” sin entrar los diputados “en esos aspectos”.
De todas formas, confirmó: “Va en el sentido de lo que entendimos que había que regular, porque no puede ser más exigente el régimen que se consagra para los funcionarios públicos de los gobiernos departamentales que para los de la Administración Central”.
Ahora hay consenso para aprobar la iniciativa en Diputados. Una vez superada esa cámara, se abre la incógnita de cómo van a posicionarse los senadores blancos, que tienen la llave para conceder la mayoría necesaria, o volver a bloquear esta ley contra la que tanto han arremetido sus intendentes.
"El dedo" en las intendencias
Como informó El Observador a través de los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, hay once intendencias que declararon haber hecho más designaciones directas en 2023 que concursos o sorteos, aparte de que dos de ellas –Rivera y Artigas– no hicieron siquiera un llamado a lo largo del año.
Durante el debate en el Senado, el Congreso de Intendentes objetó que los ingresos por concursos ya están previstos en los estatutos de cada gobierno departamental y que a su entender era inconstitucional que el Parlamento nacional legislara en esa materia de autonomía municipal. No obstante ello, varios constitucionalistas han afirmado que una ley era posible siempre y cuando se lograra el voto de dos tercios de cada cámara –21 en el Senado y 66 en Diputados–.
Pese a varios amagues de senadores blancos, el Partido Nacional terminó abroquelándose en contra de la iniciativa y naufragó a solo un voto de tener la mayoría especial necesaria. La campaña del colorado Robert Silva como precandidato intentó retomarlo antes de las internas como un plebiscito para octubre, pero el mecanismo tampoco cuadró en el resto de los partidos, que no prestaron sus firmas.
