Rumbo a la campaña no escatimaron en acusaciones de clientelismo y corrupción, y hasta se amenazaron con presentar denuncias penales. Pero tres años antes, oficialismo y oposición en Salto se juntaron para concitar el respaldo del gobierno de Luis Lacalle Pou a un proyecto millonario que esperanzaba a uno de los departamentos más golpeados por el desempleo: un “hub logístico multimodal” en Salto, con puerto seco, parque industrial, free shop y puerto de barcazas en el arroyo Itapebí al norte de la represa de Salto Grande.
Poco antes de pasarle el poder al Frente Amplio, las autoridades salientes ya adelantaron que esa terminal portuaria –pieza fundamental de la cadena logística– había naufragado ante una tercera solicitud de prórroga solicitada por el adjudicatario: Hidroagro SA, una sociedad entre la constructora Cujó y DyN Investment Group.
Ahora el Ministerio de Transporte (MTOP) le puso oficialmente la lápida: la ministra Lucía Etcheverry y el presidente Yamandú Orsi firmaron el 12 de agosto la extinción de la concesión que regía desde febrero de 2022 a favor de Hidroagro SA de una fracción del álveo público del Itapebí Grande –brazo del río Uruguay– para construir el puerto. La resolución del Poder Ejecutivo recaba que dos veces el privado pidió prórroga de nueve meses para presentar proyecto ejecutivo y cumplir con los plazos de nueve meses de obra.
Como tampoco se cumplió la extensión, la empresa planteó “como opción que se le tenga por desistido el proyecto, se le devuelva la documentación y la póliza de garantía de desarrollo de la concesión”, detalla el MTOP. Sus razones para los incumplimientos fueron “nacionales y extra nacionales, jurídicas y comerciales, ajenas a su voluntad”.
Fuentes del Poder Ejecutivo explicaron a El Observador que la ministra Etcheverry recibió la información –y que así consta en el expediente– que el consorcio no pudo “cerrar con inversores” para proceder con las obras. Como se verá, las ex autoridades de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande dan una versión distinta a la del actual gobierno y aseguran que el freno ocurrió por la falta de permisos desde otras reparticiones del Estado.
Cuando en agosto oficializó la resolución del MTOP, el nuevo titular de la delegación uruguaya en el organismo binacional, Gonzalo Casaravilla, mandó a revisar la documentación ante una consulta de El Observador. “Se constató que el contrato efectivamente fue rescindido en Salto Grande debido a incumplimiento del contratista. Incluso se verificó que no fue cobrada y ejecutada en tiempo y forma por parte de la delegación de Uruguay la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuyo monto ascendía hasta la suma de US$ 100 mil”, declaró para esta nota.
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Predio estatal bajo administración de Salto Grande cedido para el "hub multimodal"
Cedida a El Observador
Casaravilla acusó que “tampoco se llevaron adelante gestiones efectivas para resarcir a Salto Grande por los costos incurridos y que fueron evaluados por los departamentos técnicos en el orden de los US$ 12 mil”. El ingeniero explicó que Salto Grande había tenido que disponer una propiedad estatal bajo su administración y para ello trasladar equipamiento y material almacenado en ese punto, en el que se entregó la llave pero “no hubo ningún tipo de movimiento de nada”.
“Y una vez que fue rescindido el contrato, hubo que volver a trasladar todo ese volumen de material a los galpones que habían sido concesionados”, antes de sentenciar, sin brindar mayores detalles sobre eventuales responsabilidades: “En la actualidad se están analizando los pasos a seguir”.
"Responsabilidad del Estado"
Andrés Lima era el intendente por el Frente Amplio y Carlos Albisu el alfil de Lacalle Pou en la CTM de Salto Grande cuando ambos organismos juntaron fuerzas para estudiar a mediados de 2021 las iniciativas presentadas por seis empresas para un importante desarrollo en el litoral norte: Grupo Saceem, Teyma, Juanjo Logística, Logística Uruguaya del Litoral SA e Hidroagro SA, la que terminaría siendo adjudicataria.
Los dos jerarcas, junto al entonces senador colorado Germán Coutinho y diputado cabildante Rodrigo Albernaz, acudieron en noviembre de ese año a Torre Ejecutiva para trasladarle al presidente el impulso multipartidario al proyecto. Es una “oportunidad histórica”, decía Lima, hoy titular del Mevir. Un “hub logístico multimodal generaría un gran impulso para la región”, afirmaba Albisu, hoy intendente de Salto por la Coalición Republicana.
El punto de partida era la terminal para barcazas en el Itapebí, con vistas a concentrar el transporte de soja y granos desde el sur de Brasil, integrando con el “puerto seco” una cadena logística con el Puerto de Montevideo. El gobierno nacional aseguraba a cambio las mejoras en la Ruta 3.
Los exjerarcas del Partido Nacional atribuyen el fracaso a la “responsabilidad del Estado”, al decir del expresidente de la delegación uruguaya en Salto Grande, Martín Burutarán, hoy titular de auditorías en la Intendencia de Salto. “La cosa no salió porque los permisos gubernamentales no salieron en tiempo y forma”, afirmó y puso como ejemplo las autorizaciones ambientales y la intervención de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), presidida entonces por Mario Ayala.
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Publicación de DyN Investment sobre el desarrollo de un puerto de barcazas en el arroyo Itapebí, al norte de la represa de Salto Grande
DyN Investment
De acuerdo al relato de Burutarán –quien tomó la posta en Salto Grande cuando la tormenta política en torno al clientelismo forzaron la renuncia de Albisu–, Hidroagro SA fue por una tercera prórroga a la CTM ante la falta de avances con el puerto de barcazas, del que dependía el “hub multimodal” a establecerse en el predio cedido por el organismo binacional. Al ver que “no había mucha luz para que saliera” esa terminal, también Salto Grande resolvió no otorgar la última prórroga.
Burutarán aseguró que consultaron con el área jurídica, la que dictaminó que el fracaso del proyecto “no fue por incumplimiento de parte de la empresa” y que debía “quedar libre de responsabilidades”, razón –siempre según el nacionalista– para no retener la mencionada garantía de unos US$ 100 mil.
El exjerarca también negó que incidiera el avance judicial en Paraguay que por entonces afectaba a los dos titulares de DyN Investment Group, el socio de Cujó dentro de Hidroagro SA. Tal como publicó Brecha en febrero de 2024, Gaspar Nicolás dos Santos y Jorge Méndez fueron imputados por la fiscal Liliana Herenia por una compleja trama de estafa que implicaba contratos de vacunas contra el covid-19 con Paraguay, caso que fue recusado y que sigue pendiente de resolución.
DyN Investment Group todavía mantiene en su sitio web al “Puerto Itapebí” como uno de los proyectos a su cargo. Por su parte, desde el MTOP prefieren no adelantar qué sucederá con eventuales iniciativas a esa altura del litoral, mientras la atención del gobierno se centra ahora en las condiciones del dragado que Uruguay deberá acordar con Argentina dentro de la CARU, al tiempo que la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Instituto Nacional de Logística (Inalog) hacen estudios sobre el estado de situación.
