Uruguay al Acuerdo Transpacífico: se abren negociaciones que pueden extenderse dos años y gobierno espera por repercusiones en el Mercosur

Sobre la medianoche uruguaya de jueves pero avanzada la jornada de viernes en Melbourne, los 12 miembros del Cptpp trataron finalmente la solicitud de Uruguay y establecieron la creación de un Grupo de Trabajo de Adhesión para empezar a elaborar los “términos y condiciones” para sellar la membresía definitiva. Para esa resolución dejaron para una siguiente etapa las solicitudes de Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes.

Ahora se abre un proceso de negociación que la Cancillería uruguaya contrastará con el que tuvieron Reino Unido a partir de julio de 2021 –y hasta julio de 2023– y en el que está en este momento Costa Rica desde fines del año pasado. “Esto no es una negociación de cero, sino un proceso para adherir a un acuerdo que ya está en vigor desde hace mucho tiempo y que ya tiene mucho andado”, destacó la vicecanciller Csukasi.

Entrevista a Valeria Csukasi

A partir de ahí se abren distintas escalas de optimismo, aunque expertos consultados por El Observador señalaron que para tener una referencia al Reino Unido –uno de los socios más importantes del bloque– le tomó dos años y que algunas versiones diplomáticas dan a entender que todavía están verdes las tratativas para la adhesión definitiva de Costa Rica. En el primer caso se requirieron cinco rondas de negociación a partir de julio de 2021, la conclusión sustancial del proceso el 30 de marzo de 2023 y otros cuatro meses para la formalización del instrumento legal para la firma del Protocolo de Adhesión.

El gobierno australiano informó este viernes que Uruguay no está incluido entre los representantes gubernamentales que integrarán el Grupo de Trabajo de Adhesión, pero sus negociadores pueden ser invitados a las reuniones.

La noticia abre otros flancos que las autoridades uruguayas monitorean de cerca: las repercusiones entre los socios del Mercosur e incluso cuán dificultoso pueda tornarse el nudo –marcado en distintos informes en manos de Cancillería– sobre las posibles revisiones a los monopolios de empresas públicas como Antel y Ancap.

Los socios del Mercosur

El canciller Lubetkin y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, firmaron juntos una carta remitida el pasado 14 de noviembre a los miembros del Cptpp para “reafirmar la voluntad” de la anterior administración uruguaya respecto a la “convicción” del Estado de integrarse al Cptpp, según reconstruyó El Observador. Los jerarcas remarcaron la “defensa” de Uruguay hacia el libre comercio, elogiaron una “visión compartida” con el Acuerdo Transpacífico en ese sentido y destacaron los “estándares de calidad” representados por el bloque.

Parte de la misiva de ambos ministros –descrita por la vicecanciller Csukasi como una de las “gestiones políticas” de última hora para propiciar el “consenso absoluto” de los miembros– planteó que esta solicitud “se suma” y no va en contradicción con las iniciativas que integra Uruguay.

Para el gobierno de Orsi, eso supone entre líneas que no es incoherente con su pertenencia al Mercosur, aunque en el Poder Ejecutivo dan prácticamente por sentado que habrá reclamos de los gobiernos de Lula Da Silva en Brasil y Santiago Peña en Paraguay, según reconstruyó El Observador con varias fuentes al tanto.

Consultado por El Observador, el excanciller y actual embajador uruguayo en Brasil, Rodolfo Nin Novoa, celebró en primer lugar que “cuanto mejores oportunidades de comercio y de acceso a los mercados tengamos, es positivo para el país”. Mientras estuvo al frente de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Nin Novoa encargó análisis para evaluar la posible adhesión uruguaya al entonces TPP –aún estaba Estados Unidos y no estaba Japón– y enfrentó voces críticas dentro del propio Frente Amplio, en especial del MPP y del Partido Socialista.

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Aquella administración, no obstante, nunca llegó a afirmar definitivamente la voluntad de Uruguay de adherir al tratado, más allá del discurso –principalmente del astorismo– de procurar la “flexibilización” del Mercosur.

Ahora, Nin Novoa aclaró que “recién comienza el proceso de adhesión”, que a su entender puede durar no menos de 18 meses. Para el embajador ante Brasil, una vez que Uruguay avance en las negociaciones para levantar aranceles, el gobierno de Lula Da Silva “puede llegar a plantear la cláusula de nación más favorecida”, bajo la premisa de que “si les dan a ellos, me tienen que dar a mí”.

Un termómetro muy reciente para el gobierno de Orsi es que cuando el pasado 3 de marzo Uruguay insistió en el Grupo Mercado Común del Mercosur en su propuesta de negociar “en distintas velocidades” para “reducir las asimetrías estructurales” dentro del bloque y acelerar negociaciones que llevan más de un año estancadas, tanto Brasil como Paraguay respondieron que todo tiene que ser “en bloque”, “en línea con las normas del Mercosur”.

Distinto es el caso con la Argentina de Javier Milei, sobre cuya concepción de “modernización” o “repotenciamiento” del Mercosur se recostó Lubetkin para justificar el accionar uruguayo. “Nadie del Mercosur está planteando irse ni bombardearlo (...). Hay un sentido de responsabilidad y de pragmatismo de los cuatro países muy poderoso que nos permite que esta clase de debates hacia la modernización o hacia el repotenciamiento, lo hagamos con gran madurez de experiencia”, reivindicó el canciller.

Csukasi, en tanto, comparó que Uruguay procede “de la misma forma que cuando” Argentina, Brasil y Paraguay “necesitaron hacerlo” al reclamar en otras ocasiones “espacios de flexibilidad”, en las que “el Mercosur siempre ha encontrado la forma de flexibilizarse sobre la marcha para respetar las necesidades de sus socios”. “No estamos imaginando ningún veto porque nadie puede objetar lo que Uruguay como país soberano toma como decisión para seguir avanzando”.

Puntos a negociar

Distintos analistas como Ignacio Bartesaghi han insistido en que en tratados como este siempre hay ganadores y perdedores dentro de un escenario de bien mayor que cada gobierno debe ponderar. De momento, la vicecanciller Csukasi planteó que “los límites son conocidos de un lado y del otro y que ahora será una cuestión de la negociación para ver cómo se arma un paquete que sea aceptable tanto para Uruguay como para el resto de los países del Cptpp”.

La jerarca, que se puso al hombro las negociaciones, explicó que al menos dos países tuvieron dudas hasta último momento respecto a que Uruguay “pudiera invadir” con algunos productos determinados mercados. A nivel diplomático suele hablarse de Japón como uno de los más duros para levantar barreras a productos de interés uruguayo como la carne. También se manejan en esa categoría a Canadá y Vietnam.

En un informe elaborado para el LATU a fines del año pasado, el analista Bartesaghi había justificado que “los principales beneficios esperados por la baja de los aranceles considerando los flujos de comercio actuales, se darían en el caso de Japón, Reino Unido y Vietnam en las exportaciones”, donde Uruguay afronta aranceles promedio de alrededor del 12%, 9% y 4% respectivamente, según el experto. A nivel de importaciones, se beneficiarían principalmente Vietnam, Malasia, Reino Unido y Japón.

Otro trabajo, especialmente ponderado por Economía y Cancillería, estimó a fines del año pasado que Uruguay incrementaría su “bienestar” –medido en términos de cambio proporcional en el nivel de consumo– en un 1,2% en el corto plazo de adherir al Cptpp y en un 2,3% a largo plazo. El estudio de Pharos encargado por el INAC, elaborado por Marcel Vaillant, Pedro Moncarz, Flavia Rovira y Sebastián Villano, proyectó que las mejoras para Uruguay serían aún más auspiciosas si China concretara su ingreso al bloque.

Una discusión que los negociadores uruguayos saben que deberán afrontar está referida a capítulos vinculados a empresas del Estado y telecomunicaciones. Uno de los informes en manos de Cancillería marca que deberán prestar “especial atención” a los monopolios de Antel en telefonía fija y de Ancap, por posibles beneficios a proveedores nacionales por sobre los extranjeros.

Tal como informó El Observador en diciembre de 2022, un documento reservado de Cancillería consignaba que “algunos rubros de la actividad comercial de Antel, por ejemplo el monopolio de la telefonía fija, deberían ser evaluados, así como los referentes a la fijación de tarifas”.

Expertos consultados para esta nota confiaron en que es un escollo que a este nivel suele resolverse, aunque dan por hecho que formará parte de los contrapuntos en el Grupo de Trabajo.