El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, planifican una reunión entre los 19 jefes de Policía y los fiscales de todo el país para coordinar acciones que potencien el combate al narcotráfico y a las bandas criminales en distintos puntos del territorio nacional, un tema que preocupa cada vez más a las autoridades.
Según contaron a El Observador fuentes políticas, la iniciativa surgió en los últimos días, durante una de las tantas conversaciones que mantienen ambos jerarcas desde que Larrañaga asumió el cargo como ministro el 2 de marzo. Desde entonces –aunque la buena relación se gestó hace tiempo–, el secretario de Estado y Díaz forjaron un "relacionamiento muy fluido", tal como lo reconoció el fiscal de Corte en conferencia de prensa este miércoles, al anunciar un encuentro entre ambos que finalmente ocurrirá este viernes, señalaron los informantes.
Entre las preocupaciones que comparten está, precisamente, el crecimiento del narcotráfico en el último tiempo, junto con los atentados a sedes oficiales y amenazas a actores del sistema que marcan un "tiempo distinto", como cree Díaz que está ocurriendo, señalaron allegados al fiscal de Corte.
Los ataques a los edificios de la policía generan preocupación en el gobierno, y especialmente en el Ministerio del Interior, porque configuran un paso que los delincuentes no habían dado durante la administración de Eduardo Bonomi (2010-2019), como lo indicaron integrantes del equipo del exministro.
El primero ocurrió en la madrugada del 9 de mayo, cuando desconocidos arrojaron una granada militar contra la base de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Droga y destruyeron cinco vehículos. El segundo sucedió cinco semanas después, el martes 17 de junio: delincuentes realizaron nueve disparos desde una moto la sede de investigaciones de Las Piedras, y dañaron la puerta y ventanas del edificio.
De inmediato, el gobierno interpretó ambas situaciones como un mensaje de la delincuencia organizada –que temen que se repita–, que también se expresó en advertencias concretas. A mediados de mayo, la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero recibió una amenaza que se estima fue enviada por un grupo narco internacional. "Hola, Mónica Ferrero. ¿Cómo le va? Espero que le vaya bien, pero de ahora en más le va a ir como usted decida...", comenzaba el mensaje que recibió en su celular, firmado por la sigla PCU, letras que han aparecido marcadas en varios ladrillos de cocaína incautada en el último tiempo.
"Estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo", agregaba el mensaje de WhatsApp, que está a estudio del fiscal de Flagrancia Diego Pérez, a cargo de la investigación. El "susto" refería al atentado contra la Brigada Antidrogas.
Ferrero está al frente de numerosas investigaciones vinculadas a narcotráfico. Fue también quien logró la imputación contra Martín Mutio, imputado por asistencia al narcotráfico, por ser presuntamente el responsable del envío a Alemania del histórico cargamento de 4,5 toneladas de cocaína en un contenedor que era de su propiedad, y que fue incautado en Hamburgo en junio del año pasado. En el marco de una indagatoria sobre la posibilidad de que el imputado haya lavado dinero obtenido por su participación en la maniobra, la fiscal especializada hizo ingresar a un hombre como testigo protegido por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, y tanto antes como después de declarar en sede judicial por esa causa esta persona recibió ataques e intentos de amedrentamiento.
El periodista Gabriel Pereyra, quien difundió el contenido del mensaje narco contra Ferrero, también recibió una amenaza telefónica el 17 de junio. El origen de este mensaje es investigado por el fiscal de Flagrancia Rodrigo Morosoli.
Dentro de la cartera de seguridad hay quienes creen que "los avisos" de la delincuencia responden a una situación de "incremento de las acciones de lucha directa", y el director nacional de la Policía, Diego Fernández, tiene la convicción de que estas agresiones son "el resultado natural" de la nueva línea del Ministerio del Interior de salir "a ganar la calle".
El Poder Ejecutivo, mientras tanto, apuesta a la tarea de la inteligencia estatal para apuntalar el combate frontal al narcotráfico, y por eso ha reunido a Larrañaga y al ministro de Defensa, Javier García, con el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé.
"Trabajo global"
El principal tema que tratarán en el encuentro de este viernes Larrañaga y Díaz es la seguridad de los fiscales, y la posibilidad de que la policía refuerce la protección de los funcionarios del Ministerio Público, luego de los últimos incidentes.
Pero la instancia será de "agenda abierta", por lo que también se abordarán otros temas, y coordinarán la reunión entre los fiscales y jerarcas policiales, que probablemente se realice en forma virtual.
"La idea surgió en una conversación en la que se habló sobre la necesidad de tener una percepción compartida de los problemas (de seguridad) que están pasando, y ver cómo encararlos", afirmó una fuente.
Ambos jerarcas coinciden en que en Uruguay todavía no hay bandas criminales con la organización que tienen en otros países de la región copados por el narcotráfico, pero sí "familias o clanes familiares que se disputan el territorio y el mercado, lo que está generando un clima de violencia exacerbada".
El objetivo entonces es coordinar un "trabajo global" a nivel nacional entre la policía y los fiscales para hacer frente a los grupos que han tomado barrios o asentamientos en algunas zonas de Montevideo, así como en Canelones, Maldonado, Salto y Rocha.
