Le tiraron una bomba molotov fallida por la ventana cuatro días antes de que declarara ante la jueza Beatriz Larrieu, y luego intentaron entrar a una casa donde le daban custodia
Por Natalia Roba y Joaquín Silva
Faltaban cuatro días para que ingresara al programa de testigos protegidos de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación. Era viernes 8 de mayo y, esa semana, el hombre había entregado información a la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero acerca de una presunta maniobra de lavado de activos realizada por Martín Mutio, el único imputado hasta el momento por las 4,5 toneladas de cocaína incautadas en Hamburgo, Alemania, en junio de 2019.
Como previamente había recibido amenazas de muerte por su intención de denunciar lo que sabía, esta persona había decidido mudarse temporalmente a la casa que tiene en un balneario de Canelones, y se trasladaría a Montevideo el martes 12 para ratificar ante la jueza de Crimen Oorganizado Beatriz Larrieu, lo que había declarado ante Ferrero.
Pero esa noche, sobre las 21.10, sintió que alguien rompió un vidrio del frente de la casa y salió a la calle para ver qué había pasado, según consta en la denuncia presentada ante el destacamento policial de la zona a la que accedió El Observador.
Entonces vio una “botella de cerveza rota”, con un trapo en su interior “quemado”, lo que simulaba ser una bomba molotov que no había llegado a encenderse. Luego, escuchó el sonido de una moto alejarse, pero no alcanzó a ver nada.
El hombre resolvió pasar esa noche con su abogado en Montevideo, y el domingo se instaló en un hotel en la capital, a la espera de la audiencia en los juzgados de Crimen Organizado.
Allí, ante Larrieu y la fiscal Ferrero, en una audiencia de carácter reservado, contó que trabajó en la empresa Virgen de las Ánimas, ubicada al lado del Cerro Arequita –a ocho kilómetros de la ciudad de Minas–, en Lavalleja, y que tenía pruebas para respaldar la versión de que esa fábrica de agua premium fue utilizada para lavar dinero que entregó Mutio.
Según contaron las fuentes del caso a El Observador, este hombre aseguró que a mediados de 2019 presenció conversaciones en las que se coordinaba los mecanismos por los cuales se iba ingresando el dinero en efectivo a los estados contables de la firma, y que el monto llegó a ser de cerca de US$ 500.000. De acuerdo a lo que declaró, luego de que Mutio fuera imputado por asistencia al narcotráfico el 30 de agosto del año pasado, se hablaba de que el dinero lo había entregado él, e incluso se lo mencionaba con nombre y apellido.
Después de declarar, y de aportar pruebas a la fiscalía, ya no regresó a ninguna de sus casas, sino que se alojó en una vivienda que se le proporcionó, bajo la protección de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público y con vigilancia policial.
Pero eso no implicó que se mantuviera completamente a salvo, sino que hubo al menos otros tres intentos de amedrentarlo cuando estaba ya siendo custodiado por la policía. Por eso, el Ministerio del Interior decidió aumentar su custodia de dos a seis guardias.
En uno de esos intentos, un intruso llegó a abrir la ventana de la habitación en la que dormía. Días después, vieron a una camioneta merodear la zona y estacionarse en la cuadra, agregaron las fuentes.
El primer ataque a este testigo fue informado este martes por el periodista Gabriel Pereyra en su cuenta de Twitter, donde escribió: “PREOCUPANTE. Llama la atención de que de tres episodios atribuidos a narcotraficantes, el que posiblemente sea el más grave de todos haya pasado inadvertido (...) atentado contra un testigo”.
El periodista también informó el sábado por esa red social sobre el contenido de la amenaza que recibió la fiscal Ferrero por Whatsapp, y de la que había informado El Observador. "Hola, Mónica Ferrero. ¿Cómo le va? Espero que le vaya bien, pero de ahora en más le va a ir como usted decida… Estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar, a partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades, a cargo de usted, ni contra usted! Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Su ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos! Usted me entiende., no tengo que explicarle mucho... Acuérdese que que todo tiene un límite! Usted Sabe... Saluda atte PCU". PCU es la sigla que ha aparecido marcada en varios ladrillos de cocaína incautada en el último tiempo.
El mensaje hacía clara referencia al atentado que recibió la sede de la Brigada Antidrogas el 9 de mayo, 24 horas después de la agresión contra el testigo protegido. En ese ataque contra la sede de la Dirección General de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas, los delincuentes emplearon una granada militar que destruyó cuatro vehículos oficiales y otro particular.
El fiscal Diego Pérez es quien investiga el atentado a la Brigada Antidrogas y –por aparentemente estar relacionado con la amenaza a la fiscal– también tomó la denuncia de Ferrero. Sigue varias pistas para esclarecer ambos casos.
Este miércoles Pérez citó a Pereyra para preguntarle si contaba con más información sobre el caso. En entrevista con el programa Desayunos Informales de canal 12, el fiscal dijo que "el periodista anunció que contaba con más información, por lo que la Fiscalía entendió necesario citarlo”. Además le preguntó si quería revelar cómo había obtenido el contenido de la amenaza a Ferrero, a lo que se negó amparado en su derecho de resguardar las fuentes de la información.
Los ataques al testigo, el atentado contra la Brigada Antidrogas y la amenaza de muerte a Ferrero, sucedieron en fechas muy cercanas y en paralelo al proceso judicial llevado adelante por Larrieu, luego de que los abogados de Mutio, Florencio Macedo y Martín Rodríguez, presentaran un recurso de nulidad contra el juicio.
Los defensores entienden que la fiscalía ocultó una respuesta otorgada por las autoridades aduaneras de Hamburgo cuando recién comenzaba la investigación, en la que los alemanes estimaban que la droga incautada en el contenedor enviado desde Montevideo con destino a Amberes, Bélgica, no había sido colocada por Mutio, lo que lo eximiría de responsabilidad.
“Específicamente se ocultó la contestación de la policía judicial aduanera de Hamburgo que de forma expresa, y conforme su investigación, entiende que al contenedor con 26 toneladas de soja exportado por el indagado, y cuyo peso a la entrada al puerto está corroborado por la fiscalía, se le deben agregar las 4,5 toneladas de sustancia estupefaciente descubiertas”, señala el alegato de apertura de la defensa del imputado en una audiencia que tuvo lugar el 8 de junio.
Ferrero respondió que, entre otros argumentos, la imputación a Mutio se sostiene con un conjunto de pruebas que no guardan vinculación con el peso del contenedor, y que los alemanes nunca pesaron el cargamento. Quienes sí lo hicieron fueron los policías de Bélgica. En Amberes, el contenedor pesó 25.580 kilos, mientras que en Uruguay, antes de salir del puerto de Montevideo, el contenedor tenía un peso de 30.410 kilos, y la diferencia entre ambos valores da una cifra similar al peso de la cocaína incautada.