El proyecto de ley sobre Lavado de Activos que el Parlamento tiene a estudio, y que el presidente Yamandú Orsi exhortó a los partidos políticos a apurar luego del atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero, propone suprimir la fiscalía especializada en esa materia que funciona desde febrero de 2023.
En estos dos años y medio, esa fiscalía obtuvo seis condenados e imputados y logró que la justicia decomisara bienes por US$ 2 millones. Ese monto corresponde a dinero en efectivo, un apartamento, un yate, vehículos y acciones por más de US$ 1 millón, según datos proporcionados a El Observador por el titular de la Fiscalía, Enrique Rodríguez.
A diferencia de la incautación que es la toma provisional de bienes vinculados a un delito durante la investigación, el decomiso es la privación definitiva de la propiedad de esos bienes, que se decreta en la sentencia final del proceso penal. Con el decomiso se formaliza la transferencia de la titularidad al Estado. A modo de ejemplo, un camioneta, una Jetour valuada en US$ 40.000, decomisada en el caso de los cálculos biliares que se decomisó fue asignada a Presidencia.
Entre los imputados por lavado se encuentran el extitular de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco y se estima que luego de la audiencia del lunes, en la que declarará en fiscalía su esposa Ana Iewdiukow, el fiscal Rodríguez pedirá a la Justicia su imputación por lavado, con lo cual será el séptimo caso.
Pero además la fiscalía de Lavado ha tenido casos de estafa, de contrabando, de terrorismo y de narcotráfico. De hecho Conexón Ganadera y también el caso de la corredora de bolsa Sara Goldring le fueron asignados luego de que el fiscal Alejandro Machado se abstuviera de intervenir por razones personales. La fiscalía de Lavado subroga a la fiscalía de delitos económicos de 1° turno.
Actualmente Rodríguez y su equipo tramitan unas 80 causas entre las que figuran el caso de presunto lavado a través de Boston River SAD, el lavado del empresario asesinado Gonzalo Aguiar, el caso de los espías rusos, entre otros.
Rodríguez explicó que las investigaciones por lavado suelen tener complejidades y en promedio no llevan menos de un año. Señaló que en muchos casos el delito precedente se comete en el extranjero y se inicia una investigación en Uruguay, se envían solicitudes de información que demoran en responderse y de repente en ese país se archiva la indagatoria y queda obligado a archivarla acá porque sin delito precedente no hay lavado.
También apuntó a que si bien en la ley de creación de la fiscalía se otorgaron recursos para un cargo de profesional especializado en ciencias económicas, esa vacante nunca se llenó. por el contrario, se contrató a una contadora en pase en comisión desde el Banco Central pero que está asignada un día a la semana a la fiscalía de Lavado de Activos y el resto de los días de la semana asesora a las fiscalías de delitos económicos que también requieren de asesoría contable para las investigaciones.
Si se comparan los datos de condena de Uruguay con los de otros países de la región, el fiscal considera que las cifras no son tan distintas en relación con la población. En Argentina ha habido 91 condenas en 5 años, lo que equivale en promedio a 18 por año un país con 45 millones de habitantes, de acuerdo con un informe oficial de la Fiscalía argentina; en Colombia se han resuelto 32 condenas en 2024, mientras que en Brasil se dictaron 1.019 condenas en 6 años, lo que equivale a un promedio de 169 por año en un país de 212 millones de habitantes.
Consultado sobre su opinión con respecto a la supresión de la fiscalía Rodríguez dijo que "si el poder político le pide su opinión se la dará a ellos" y declinó hacer más comentarios. Por el momento no ha sido llamado por el Parlamento.
Respecto al atentado de Ferrero, el fiscal que es el segundo con mayor antigüedad en el cargo y subroga a Ferrero si se toma licencia, dijo que le expresó su "total solidaridad" a la colega y que como fiscales seguirán "cumpliendo" con la función. "Esto no nos amedrenta", afirmó.
Qué pasará con los casos de la Fiscalía de Lavado si se la suprime
En la exposición de motivos del proyecto de ley que el Parlamento iba a votar esta semana pero lo aplazó, Presidencia afirma que "la fiscalía buscó que se investigaran más casos de lavado y en definitiva que se obtuvieran mayores condenas por este delito y mayor cantidad de decomisos de bienes provenientes del crimen organizado. Sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados".
El proyecto propone que los fiscales que investigan los delitos precedentes del lavado sean también quienes investigan en forma paralela el delito de lavado. También se modifican los montos máximos para operaciones en la modalidad de pago y entrega de efectivo, entre otras modificaciones.
El texto afirma que "al entorpecer el lavado de activos derivado de diversas actividades ilícitas (...) se debilita la solvencia económica de las organizaciones criminales y se contribuye a un entorno más seguro para la colectividad. La aprobación de este proyecto de ley representa, por consiguiente, un paso trascendental para atender la legítima demanda de seguridad de nuestra ciudadanía".
Según dijeron fuentes de Fiscalía a El Observador, lo que se ha conversado hasta el momento es que una vez que se suprima la fiscalía de Lavado, Rodríguez pase a ser fiscal de delitos económicos de modo que mantenga las causas que ya tramita, teniendo en cuenta que esas fiscalías que investigan grandes estafas y delitos de corrupción están tapadas de casos que además son muy complejos.
