Beatriz Gelós, quien padece esclerosis lateral amiotrófica, pidió que la lleven a las barras del Senado para vivir el momento en que el proyecto de Muerte Digna se convierta en ley. Pablo Cánepa, un tanto sedado y otro tanto entregado por la ataxia cerebelosa que lo aqueja, ni siquiera mirará la transmisión online. Quiere la aprobación y punto. Se espera una “sorpresa” en una de las bancas del Partido Colorado. Y un debate de “alto nivel” —no necesariamente alto voltaje— encabezado por el frenteamplista Daniel Borbonet (quien será el vocero del informe en mayoría) y el colorado Pedro Bordaberry (por la minoría) por más que el resultado “está cantado”.
Uruguay no suele ser noticia en el mundo. Y es probable que hoy lo sea. El Frente Amplio —que cuenta con la mayoría en el Senado— había establecido que el proyecto de ley de eutanasia era una de las 15 prioridades legislativas antes de que acabara el año. Tres legisladores del oficialismo confirmaron a El Observador que el texto —por más perfectible que pueda ser— será aprobado este miércoles y el resto de consideraciones quedará para la reglamentación.
Los senadores saben que tienen entre manos un texto que —aunque lleva más de una década de discusión y que según las encuestas de opinión pública cuenta con un respaldo mayoritario de la ciudadanía— adquiere una sensibilidad. Habla de muerte (Muerte Digna) hasta en su título.
Ese tal vez será el punto de partida de la disputa dialéctica. ¿El derecho es a una muerte digna o a la dignidad de la etapa terminal de la vida? Como sucede en estos casos hay mucho de argumentación jurídica —en un país que se habla de la Constitución es venerada por más que las sociedades evolucionen— y otro tanto de filosofía.
Bordaberry, quien viene de una familia católica conservadora, argumentó en la última sesión de la comisión de Salud que su postura religiosa no le impide criticar un texto con la debida objetividad ni vale menos que la de un ateo. Insistió en la despenalización, en quitarle el castigo al homicidio culposo. Y ahí yace una explicación jurídica (los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos “en el goce de su vida”) y otra más filosófica: ver la aceleración de la muerte como un delito.
Borbonet, en cambio, no irá por el camino del delito. Ya había argumentado: “Como parlamentarios, estamos garantizando el derecho a determinadas personas para que tengan la libertad y la autonomía, con la dignidad que cada uno entienda –porque es algo muy subjetivo– de tomar su decisión”.
¿Es el momento oportuno para aprobar el proyecto? Esta pregunta sobrevolará la Cámara Alta. Hay quienes sostienen que ya se debatió demasiado, en distintos períodos, y que fueron recibidas las voces más diversas. Otros entienden que lo hecho por Diputados no anula el derecho del Senado a legislar en un sistema bicameral y, por tanto, no quieren apurar la aprobación por más votos que existan y la inminente entrada en discusión del proyecto de Presupuesto.
También habrá aspectos jurídicos sobre conceptos como “muerte natural”. En el certificado de defunción, eso ya lo pone la ley, figurará la causa básica de muerte (por ejemplo, ELA o tal tipo de cáncer), y la causa final será “eutanasia”. Solo que se dice que esa es una “muerte natural” (aunque sea provocada) y no una muerte violenta. Aspecto clave para el cobro de seguros y herencias, de manera tal que el derecho a la muerte digna no implique una penalización.
La famosa pirámide de Kelsen —esa que se sigue enseñando en el liceo sobre la jerarquía de las normativas— es probable que también diga presente. Sobre todo cuando se discuta el artículo que establece que el paciente tiene derecho a elegir dónde quiere morir. Para Borbonet es un aspecto que debe quedar saldado en la reglamentación y que, por sentido común y espíritu de los legisladores, implica en un hospital o en el domicilio. Para Bordaberry, por el contrario, la ley está por encima del decreto, que a la vez está por arriba de la reglamentación, y no pueden quedar dudas; no sea cosa que alguien quiera morir en el Parque Central o el Campeón del Siglo.
La (falsa) oposición entre la eutanasia y los cuidados paliativos quedó ya laudada. Mucho más desde que, después de tres años, el gobierno reglamentó la ley y se entiende que el derecho está garantizado. Por tanto, los legisladores hablan de complemento para esos casos en que el sufrimiento grita ¡basta! Del mismo modo, quedó laudada la (también falsa) idea de que unos defienden la vida y que a los otros no les importa el sufrimiento.
Más allá de estas disputas, y de lo perfectible que pueda ser el texto, el senador Eduardo Antonini había explicado en la última sesión de la comisión que trató el proyecto: “Creo que la oportunidad es esta; de una vez por todas tenemos que aprobar una ley. En mi pueblo dicen: «Hay que agarrar al toro por las guampas», y eso es lo que hay que hacer. Nos tocó a nosotros; quizás, algunos votemos más convencidos, otros no tanto y otros estén directamente en contra”.
Todo indica que el proyecto sea aprobado con al menos 20 votos en 31: 17 del FA (incluyendo a la presidenta de la cámara), al menos dos colorados y una senadora blanca.
Según un estudio jurídico preliminar que hizo el Ministerio de Salud Pública en base al texto que salió de Diputado, “los artículos que no requieren reglamentación son el 1, 8, 9, 10 y el 12”.
Una vez aprobado el texto final, el MSP armará un equipo para la reglamentación que estima podrá culminar el proceso en menos de un mes. Por lo cual, en el primer trimestre de 2026 ya se haría efectivo el derecho a la Muerte Digna.
