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Quién es quién en los bandos que dividen a la Fiscalía
La figura de Jorge Díaz, que renunció al cargo de fiscal de Corte hace un año y cinco meses, generó amores y odios en el Ministerio Público. A Díaz le tocó llevar a cabo grandes reformas como poner en marcha el nuevo proceso penal acusatorio, aprobar la ley que convirtió a la Fiscalía en un servicio descentralizado, o crear las instrucciones que rigen la actuación de los fiscales, entre otros. La forma en la que llevó a cabo esos cambios generó divisiones internas.
Hoy, pese a que Díaz no es el jefe de los fiscales, esa grieta separa a unos de otros que se señalan por asumir determinadas posturas o actuar de tal forma en el cumplimiento de sus funciones de acusadores en representación Estado.
Esa situación ha llevado a que algunos miren con recelo los traslados de colegas a puestos codiciados sembrando dudas sobre si los consiguieron por mérito o por amiguismo —una de las medidas que instauró Díaz fueron los concursos de oposición y mérito para ascender pero también existen traslados por razones de servicio—. Otros sugieren que esa actitud se funda en que esos fiscales sistemáticamente han perdido los concursos. Así comienza la puja de poder.
En los últimos meses esa grieta se tradujo en rencillas que pasaron a formar parte de la agenda mediática. El fiscal Raúl Iglesias afirmó que su investigación disciplinaria que terminó en sanción se debía a su enemistad con Díaz y con su sucesor, Juan Gómez (designado por Díaz como su adjunto). En la última semana, la fiscal Gabriela Fossati sostuvo ante Gómez que estas diferencias habían sido motivo de conflicto con su colega Fernando Romano.
Antes, en julio, ante una respuesta a un recurso administrativo que el fiscal Diego Pérez había entregado a Presidencia se lo señaló por haber presentado "una lista" de colegas que respondían a determinada ideología, luego de que uno de ellos encontrara el escrito en la impresora que comparten varios fiscales. En ese momento, Pérez aclaró a El Observador que se trataba de un recurso anulatorio que debía presentar en esa institución por un caso que tenía abierto.
En términos generales, dentro de la Fiscalía se formaron bandos, entre quienes apoyan la línea de trabajo del exfiscal de Corte Díaz —o tienen afinidad— y quienes se alejan al punto de estar en la vereda de enfrente. También están quienes no están de un lado ni de otro, que, si se considera a todos los fiscales del país, son la mayoría.
Sin embargo, el actual fiscal de Corte lo niega. "Salvo alguna situación muy especial, no advierto dos bandos. No pertenezco a ninguno de los que se señala que existen”, dijo esta semana Juan Gómez. Al haber sido designado por Díaz en su cargo de fiscal adjunto de Corte, y por su amistad con él, Gómez recibe críticas y se lo señala por la continuidad en la gestión de su antecesor. Aún así, entre los grupos a aquellos que son afines a Díaz le dicen Jorgitos, y se señalan mutuamente por el tema.
"Si me decís que hay 10 fiscales que están a favor de Díaz a toda costa y en contra de Díaz a toda costa, yo te digo que sí, pero eso no puede ser una generalización. No puede decirse eso, ¿los que estamos en el medio, que somos la inmensa mayoría, no valemos nada?", señaló el presidente de la Asociación de Fiscales, Willian Rosa, en setiembre de 2022, en entrevista con El Observador.
El exfiscal Díaz fue consultado para esta publicación y prefirió no hacer declaraciones. En varias entrevistas ha manifestado que no realiza consideraciones sobre la Fiscalía hoy dado que no pertenece más a la institución.
Afinidad a Díaz
El fiscal de Homicidios Carlos Negro lleva 30 años en la Fiscalía General de la Nación y ocupa un rol en el conflicto interno dentro de la institución. Su gran apoyo a muchas de las reformas que impulsó Díaz y su amistad con él, lo ponen en el centro de las críticas cuando se aborda el tema.
Consultado al respecto, Negro señaló: "Hablar de pro Díaz o anti Díaz para mí es un error. Es asignarle a Díaz un protagonismo que si bien lo tuvo por ser conductor de la reforma, ya no está más. Lo que hubo en Fiscalía ya desde hace bastantes años es una pro reforma o anti reforma. Ahí se alinearon los fiscales a favor o en contra. Díaz fue el impulsor de la reforma y quedó asociado a eso. Todos los que vieron con buenos ojos la reforma procesal quedaron asociados a la figura de Díaz".
Aún así, indicó que siempre existieron "bandos" dentro de la Fiscalía. Inicialmente, el binomio era entre Ofelia Grezzi y Miguel Langón. Después, entre Óscar Peri Valdéz y sus detractores. Luego entre Mirta Guianze y Gustavo Zubía. Por último –afirma Negro– entre Díaz y Zubía. "Siempre hemos asistido a 'bandos', conflictos y fiscales de un lado y del otro. En todo grupo humano sucede", valoró.
Rodrigo Morosoli, fiscal de Drogas, ingresó a la Fiscalía hace 14 años y se expresó en un sentido similar. Él es consciente de su continuo señalamiento como un fiscal afín a la línea de Díaz. Tanto es así que indicó que un grupo de personas –cuyas identidades desconoce– tras un concurso interno en el que quedó bien posicionado en 2014 inventaron que era sobrino de Díaz (uno de sus apellidos es Díaz) –después cambiaron la versión a que era primo– y es un rumor que se repite, dice. Consultado sobre esa presunta afinidad con su gestión, indicó: "Hay cosas que uno puede compartir y cosas que no".
Por otra parte, valoró que poner la grieta "en términos de afinidades a personas es una forma muy básica de razonar". Pero él detecta una "diferencia" entre los fiscales que se sienten "cómodos y proactivos" en relación al sistema procesal acusatorio, mientras que otros se sienten "incómodos con los desafíos" que genera. "Capaz añoran el régimen de trabajo, las condiciones y las cargas que se daban en el sistema inquisitivo mixto", teorizó.
Lo mismo sucede –explicó– respecto de los concursos. "La enormísima mayoría de los fiscales apoyamos la política de concursos y después hay otra ínfima minoría que querían acceder a los cargos más altos por el mero paso del tiempo, y sienten que fueron desplazados. Han ido a concursos, los han perdido o no se han presentado. Esos dos matices atraviesan a todos (...), no es nada homogéneo ni lineal", opinó.
Fernando Romano, según reconstruyó El Observador, discutió con la fiscal Gabriela Fossati por la grieta en Fiscalía –entre otros motivos. Fossati, como firme detractora, y Romano, quien es afín a la gestión de Díaz. Consultado al respecto, Romano prefirió no hacer declaraciones. La misma decisión tomó la nueva fiscal del caso Astesiano, Sabrina Flores, quien tal y como informó El Observador, es afín a los cambios impulsados por Díaz aunque no tiene una postura extremista al respecto y mantiene un buen vínculo con quien ocupaba su lugar, Fossati.
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez y la fiscal de Delitos Sexuales –que encabeza la Operación Océano– Mariana Alfaro entienden que la gestión impulsada por Díaz deja un saldo positivo, pese a que puede ser criticable en algunos aspectos, dijeron allegados. Sin embargo, ellos prefirieron no reeponder a la consulta de El Observador.
Por último, el fiscal de San Carlos Jorge Vaz, que da clases en un diplomado de Derecho Penal que dirige Díaz, expuso que entiende "vergonzoso" que se lo asocie al conflicto y que "tenga que explicar porqué da clases en el ámbito privado". Expresó que también dio clases en Colonia y actualmente es aspirante en una universidad de Maldonado, dado que tiene un posgrado en la materia.
Críticas a Díaz
Entre aquellos que son críticos de la gestión de Díaz, hay matices. Un grupo ha hecho duras críticas sobre decisiones técnicas y de gestión que tomó en Fiscalía, mientras que otros sostienen que existía un encono personal con ellos.
La fiscal de Flagrancia Brenda Puppo presidió la Asociación de Fiscales en 2018. Su gestión se caracterizó por su oposición a cómo se implementó el nuevo CPP y al modo en el que Díaz lo puso en práctica. En su lista estaba el exfiscal y actual diputado Gustavo Zubía. Sin embargo, siempre dijo que la relación que mantuvo con Díaz fue cordial y que sus críticas, por más de que fueron vehementes, siempre fueron estrictamente profesionales.
En una posición similar se paró su colega, Diego Pérez, quien si bien no se pronunció sobre la polémica respecto del CPP, sí se refirió a decisiones que tomó Díaz respecto a cómo se debían de asignar los casos. "Yo no soy afín a la gestión de Díaz y a la de Gómez en la medida que haya hijos y entenados", explicó a El Observador, refiriéndose a que considera que los criterios de asignación son "erráticos y que existen favoritismos en razón de vínculos y otras cosas". Él recurrió ante Presidencia la resolución que le asignaba el caso de unos desalojos en Santa Catalina por entender que de acuerdo a los criterios objetivos ese caso le tocaba a Negro.
Aunque aclaró: "No es que yo tenga un tema personal con Díaz. Son diferencias en el manejo de la gestión. Tampoco estoy alineado con la postura de Zubía. Marco lo que entiendo que está mal. Se plantea así para restarle credibilidad a los reclamos".
Existe otro grupo que ha tomado acciones ante la Justicia porque se tomaron resoluciones en su contra que no se justificaban en la normativa. Es el caso de la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, la de Ciudad de la Costa, Cristina Falcomer y su colega de Violencia de Género, Alba Corral.
Fleitas ganó un juicio en octubre de 2022 en el ámbito de lo Contencioso Administrativo porque –según entendió la Justicia – fue sancionada de forma irregular por la Fiscalía en dos oportunidades. La segunda vez se la suspendió por cinco meses y se le retuvo la mitad del sueldo. Por eso, Fleitas ganó en primera instancia el monto de $1.500.000. A su vez, según supo El Observador, tiene otras acciones en curso en la Justicia por cuestiones que según entiende Díaz emprendió de forma arbitraria y la perjudicó. Un mes después, en noviembre, ella fue condenada por haber retenido de forma ilegítima la libreta de conducir de un hombre, a quien en realidad se la debió haber devuelto. Como denunciante, también había recurrido sanciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La fiscal no contestó los llamados de El Observador.
La fiscal Cristina Falcomer ganó en dos instancias un juicio iniciado a la Fiscalía por un sumario con separación del cargo irregular. El motivo del sumario había sido un presunto acoso laboral por el cual había sido degradada. A principios del año pasado, se conoció el fallo de segunda instancia por el que Falcomer cobrará $1.600.000 de la Fiscalía por daño moral y material. "Tengo la trayectoria de fiscal departamental más antigua en este momento. Por lo cual, a mí me cortaron mi carrera. Entonces aspiro en este momento a trabajar lo que me resta de la mejor forma que pueda, sin ningún tipo de enfrentamiento con nadie", dijo a El Observador. "Mi padre se murió sin saber si el juicio salió bien o no. (Pensando) que el señor Díaz y su 'comandita' habían ensuciado su apellido (...) Yo ingresé por concurso a Fiscalía, ingresé en el año 91 (...) Desde ahí hice mi carrera hasta que quedó empozada en Ciudad de la Costa (...) Yo realmente sufrí consecuencias de esa administración (...) Todavía estoy pagando las consecuencias de eso", completó. Los ascensos del interior a Montevideo se realizan por concurso siempre que se cumplan con determinadas condiciones.
Su colega de Violencia de Género, Alba Corral, dijo que tiene un proceso abierto en el TCA luego de que le iniciaran una investigación administrativa. El trámite lo inició Díaz y lo continuó Gómez hasta que finalmente se archivó. Sobre ello, prefirió no realizar mayores comentarios porque el proceso aún está abierto. Pero dijo a El Observador que no fue la única acción de Díaz por la que se vio perjudicada. Relató que en mayo de 2020 no pudo cumplir con su turno porque le había subido la presión y cuando volvió, la habían trasladado a otra fiscalía porque no había llegado "a los resultados necesarios" en esa sede. "Le dije: 'Sabe lo que pasa Díaz, es que usted no quería correr el riesgo de que se muriera otra persona en Fiscalía de la calle Cerrito'", relató refiriéndose al paro cardíaco que sufrió su adscripta, Susana Rivadavia. "No recusé la resolución porque prioricé mi salud", manifestó. Menos de tres meses después la volvió a trasladar a una fiscalía en materia de Violencia de Género.
Por su parte los fiscales de Flagrancia Gabriela Fossati y Raúl Iglesias, han manifestado públicamente que su conflicto con Díaz obedece a un cuestionamiento que se volvió personal. Ya en 2018 Fossati afirmó que era "perseguida" por el fiscal de Corte, "castigada por contar las cosas que pasan en la Fiscalía General". Así lo había dicho en su cuenta de Facebook cuando Díaz decidió trasladarla a las sedes que trabajaban con el código viejo. Si bien era un traslado que oficialmente no la degradaba en la función, ella lo interpretó como tal. En medio de la vorágine informativa del caso Astesiano, en sus múltiples reuniones con Juan Gómez, Fossati daba ejemplos sobre cómo la rencilla ideológica que existía en Fiscalía tenía un impacto en el desarrollo de su causa.
En el caso de Iglesias, dio varias entrevistas realizando duras críticas a la Fiscalía General de la Nación –que muchas de ellas luego fueron contestadas por sus colegas– entre ellas, sugerir que existían "fiscales militantes" dentro de la institución. A raíz de eso, la fiscal Morales le hizo una denuncia en el tribunal de conducta gremial que nunca se trató.
Paralelamente, adelantó que pediría la prisión domiciliaria para los imputados por la violación grupa del Cordón y archivó 300 casos en menos de un mes. Eso le valió un sumario que culminó con cuatro meses de suspensión y retención del sueldo. El sumario constató que Iglesias archivó casos de manera que era imposible que los hubiera examinado responsablemente y que vulneró la normativa al informar primero por los medios la decisión que tomaría respecto de un caso concreto. Aún así, el fiscal declaró en ese contexto que el procedimiento disciplinario en realidad partía de un viejo resquemor que tenía Gómez con él por discusiones en la Asociación de Fiscales.
Lejos
Hay fiscales que ocupan cargos relevantes dentro de la institución y que, por diferentes motivos, se mantuvieron por fuera de la grieta o no se les conoce posición. Es el caso de Stella Llorente, Mónica Ferrero (fiscales de drogas), Sylvia Lovesio (fiscal de Delitos Sexuales) y Alejandro Machado (fiscal de Delitos Económicos y Complejos). Consultados por El Observador, prefirieron no dar declaraciones.
En esa situación se encuentra, además, Enrique Rodríguez, fiscal de Lavado de Activos, quien acotó: "Estoy por fuera del conflicto. Y no me incluyo en ninguna lista. Ni pro Diaz ni anti Diaz y mucho menos de un partido político o de otro".
La fiscal de Homicidios Adriana Edelman tiene una postura similar y por eso fue encargada de la Comisión Electoral del gremio en las elecciones anteriores. Consultada para esta nota, sostuvo: "Lo que pasó (la grieta) es antiguo y no tiene ninguna incidencia en los hechos recientes", dijo sobre la remoción de Fossati. Gómez expresó que la apartó del caso Astesiano debido a sus insistentes pedidos para que ello sucediera y a la necesidad de que la investigación continuara luego del "ruido mediático".
En el caso de la fiscal de Homicidios Mirta Morales, cuando asumió la presidencia de la Asociación de Fiscales en 2018, venció a su contrincante encabezando una lista compuesta por varios fiscales que impulsaban la reforma del proceso penal, frente a la otra, que encabezaba Brenda Puppo. Ese grupo era duro en sus críticas a cómo el jerarca estaba implementando los cambios. Pese a ello, integrantes de la lista de Morales recordaron que desde la presidencia realizó críticas a la gestión de Díaz, por ejemplo, cuando resolvió que se evaluara a los fiscales por la cantidad de imputaciones que lograban realizar. Desde que dejó el cargo en 2020 se ha mantenido por fuera de los enfrentamientos. Consultada al respecto, señaló: "No permito que me etiqueten en ningún orden de mi vida, dentro de la que incluyo el ejercicio de mi profesión. El cargo que tengo, lo obtuve sólo por esfuerzo propio, eso me hace absolutamente libre e independiente de criterio. Me rijo con la ley como único límite de acción".
El presidente de la Asociación de Fiscales Willian Rosa fue secretario del gremio en la gestión de Morales y es defensor del proceso acusatorio. Más allá de eso, ha insistido vehementemente en no tener ninguna amistad con Díaz y de ser crítico de su administración. "Cuando salí presidente hablaban de que ganó una lista oficialista. Mi pareja se reía, porque había visto las broncas y enojos que yo me había agarrado con Díaz, mientras se me asociaba a él. A todos los jefes uno cada tanto los insulta. Es verdad que Díaz propugnó la descentralización de la fiscalía, de lo que estoy a favor. Lo mismo con el sistema acusatorio. Una cosa no quita la otra", expuso en entrevista con El Observador en setiembre.
Consultado para esta nota, dijo: "No quiero participar en un circo mediático que tiene como finalidad ineludible destruir a la Fiscalía haciendo una especie de implosión desde adentro y buscando enfrentar a funcionarios (...) Si sale de adentro, es parte de personas que quieren más intereses particulares que a la institución (...) En esta tierra horadada vamos a seguir trabajando nosotros. Encima, ¡sin los recursos necesarios!"
La situación gremial
Aclaración: en una primera versión de esta nota, se mencionaba que las críticas de la fiscal Puppo a la gestión de Díaz se debían a su posición contraria a la reforma del proceso penal, cuando en realidad sus críticas se debían a la forma en la que se implementó y no a la reforma en si misma, sobre la que opinó favorablemente. A los lectores y a la involucrada, las disculpas del caso.
